Afrodescendientes desaparecidos en el Valle del Cauca: la impunidad total

En los últimos dos años, la Fundación Erika Bautista ha consolidado y promovido la denuncia en varias ocasiones de veintisiete (27) desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias de población afrodescendiente, en Zarzal, Cartago, Palmira, Valle del Cauca, para romper el círculo de la impunidad.

 Los casos que ocurrieron entre los años 1993 y 2008, en hechos ocurridos en distintas ocasiones en Zarzal, Cartago, Palmira, Valle del Cauca y en el Departamento del Meta estos últimos son jóvenes desaparecidos en el Meta pero cuyas familias afectadas viven en Zarzal.  Estos crímenes han dejado muchas madres y mujeres viudas en medio de una situación de gran inseguridad por la permanencia de grupos paramilitares en la región “Los Rastrojos”.

 Varios de los casos nunca habían sido denunciados por amenazas o por temor de las familias a sufrir represalias.   En la mayoría las víctimas no han aparecido ni vivas ni muertas, en otros, las víctimas aparecieron muertas y en todos, aunque las familias denunciaron o recibieron los cuerpos de las autoridades que hicieron los levantamientos de los cadáveres, aún después de pocos o muchos años, no tienen el más mínimo conocimiento de evolución o resultados en sus casos.

 No existe en ninguno de estos casos, conocimiento de las familias de medidas para la búsqueda de las víctimas, ni de decisiones de apertura de investigaciones, ni números de radicado.   Todo ello por aparte y en su conjunto ha obstaculizado su acceso a la justicia y su derecho a la Verdad y a la búsqueda de sus parientes.

 La desaparición forzada ha empobrecido aún más a estas familias, al perder a los hombres cabeza de familia y a los jóvenes que eran la promesa para el futuro. La condición social su estado de pobreza y marginación por razones sociales, ha sido un factor que ha facilitado que el impacto sea mayor y que la mayoría de estas familias se encuentren hoy casi en la indigencia, sin oportunidades de trabajo, de empleo, de producir aunque son artesanos, corteros de caña, campesinos, vendedoras de chontaduro.

 Dos derechos de petición dirigidos a la Fiscalía por la Fundación por las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias que incluyen niños fueron respondidos por la misma, expresando que “no se encontró registro radicado de denuncia ni Noticia Criminal”.

 De este modo, en ninguno de estos casos la Fiscalía ha abierto una investigación penal,  Ante las respuestas inauditas de la Fiscalía las respuestas de la Fiscalía de que los casos no existen en el sistema judicial el 31 de Agosto en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada hemos decidido «volver a denunciar» los casos después de 20, 15, 5 años de sucedidos, como un mecanismo para romper la impunidad.

 El caso de la ejecución sumaria del niño JOSE ALFREDO ARBOLEDA CAICEDO, de 14 años de edad, afrocolombiano, estudiante de 6º. Grado de primaria en el Colegio Simón Bolívar de Zarzal, asesinado de 15 tiros cuando salió a jugar al parque, da cuenta del estado de vulnerabilidad de los afrodescendientes a los ojos de la justicia. Según el testimonio de su madre el 20 de agosto de 2004:

 “Ese día era viernes, estaba contento, me dijo que iba a dar una vuelta al parque y poco más tarde me avisaron que lo habían matado”. Se encontraba con un amigo que tenía una moto cuando llegaron unos hombres de un grupo paramilitar en otra moto y se lo llevaron. Su cuerpo apareció asesinado a la entrada del pueblo. Fue asesinado de 15 tiros en cabeza, espalda, cuello y torax, de los hechos fue testigo el amigo de la víctima Andrés Asprilla de 22 años, quien meses más tarde también fue asesinado. En la población tenían presencia los grupos paramilitares Los Machos y Los Rastrojos. La Inspección de Policía de Zarzal hizo el levantamiento del cadáver.

 El caso fue asumido por la Fiscalía Seccional 36 de Roldadillo, Valle del Cauca, bajo la Investigación Previa 3699, SIJUF 112897.   El 20 de agosto de 2004, seis (6) meses después de los hechos el Fiscal Seccional 36 competente, definió archivar el caso mediante Resolución Interlocutoria 063 de febrero 25 de 2005.