Arranca en el Distrito la Alta Consejería para los Derechos de las víctimas

La Consejería Distrital para los Derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación tomó vuelo. A finales de febrero fue instalado por el alcalde electo Gustavo Petro, en presencia de numerosas organizaciones de derechos humanos. La Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos también tomó la palabra.

A continuación las palabras de Yanette Bautista:

“Hoy es un día histórico para Bogotá, no solamente porque la instalación de este Comité, es el comienzo del camino de la implementación de la Ley de Víctimas en el Distrito, sino porque la aplicación de la misma estará en las manos, en la cabeza y en el corazón de personas que nunca han sido indiferentes al dolor que durante tres décadas han vivido las madres y familiares de las víctimas de desaparición forzada en esta ciudad, donde han ocurrido y siguen ocurriendo muchas de las más emblemáticas desapariciones forzadas que me permito recordar, para que nunca se olviden: Valga decir, la desaparición forzada de 14 estudiantes de la universidad Nacional y Distrital en 1982,la de Leonardo Gómez hermano de la hoy presidenta de Asfaddes cuando contaba con 15 años de edad, la de Amparo Tordecilla en 1989, las 11 desapariciones de los empleados de la cafetería y otros visitantes del palacio de Justicia, la del sindicalista Guillermo Rivera y Jaime Gómez en el año 2007 y 2009 respectivamente, la de Augusto Lara Sánchez, jorge Luis Gonzalez, Oscar William Calvo, las de las niñas Rivera junto con su madre, cuando ellas apenas contaban con 5 y 7 años de edad, las de Cristóbal Triana y Nydia Érika Bautista de Arellana desaparecida, violentada sexualmente en su cautiverio y ejecutada sumariamente, entre muchos otros y otras, junto a las personas asesinadas de la UP entre ellos José Antequera, Bernardo Jaramillo, como la de los periodistas valga decir Jaime Garzón y otros muchos, casos que están todos en la más profunda impunidad, y en la más desalentadora indiferencia.

Es una gran tarea la que le corresponde a esta Alcaldía, no solamente la de la devolución de las cosas materiales, la restitución de tierras para los desplazados, su vivienda digna, la indemnización económica, otras más importantes, como la de restituir la identidad dde los miles de N.N.s que están en sus cementerios, como si nunca hubieran tenido unnombre, un apellido, una familia que los espera, como la de aplicar las Medidas de Satisfacción es decir “buscar los desaparecidos y desaparecidas” para dignificarlos y garantizar el derecho al duelo de los seres queridos, como la de materializar el derecho a la verdad que tiene esta sociedad Bogotana, como la de la protección de las víctimas y de quienes luchan por los derechos humanos, también en Bogotá hostigados po acciones de inteligencia sobre su labor legítima, como la que realizamos aquí todas las asociaciones de víctimas y de familiares de los desaparecidos.

Es una gran tarea que le corresponde al Sr. Alcalde Mayor, porque siempre ha sido nuestro sueño el de las Madres de la Plaza de Mayo, tildadas de locas, por pedir verdad y justicia y hoy dignificadas por los últimos dos gobiernos, y por la Alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires, que les abrió las puertas de par en par para dejar de lado la consigna de la solidaridad y para la materializarla dignificándolas, resarciéndolas de treinta años de insultos, de indiferencia, de puertas en la cara, de acosos policiales en sus rondas de los jueves o en las marchas, hoy son ellas las invitadas de honor, hoy los lugares donde se torturaron a los desaparecidos en Buenos Aires han sido clausurados y en su lugar se convirtieron en sitios de memoria y hoy esas asociaciones de familiares en la ciudad de Buenos Aires tienen el lugar que les corresponde en la historia reconocido por sus principales gobernantes.

 No esperamos nada más ni nada menos de un gobierno alternativo que esté verdaderamente y a la luz pública, con las víctimas, Sr. Alcalde, Dra Ana Teresa Bernal , Dr. Camilo Castellanos, Dr. Jorge Rojas, en pocas palabras la dignificación de los que no están y de los que estamos luchando cada día por su regreso.»

 La Alta Consejería para los Derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación ante un reto enorme

 Podrá esta consejería contribuir a esclarecer los múltiples crímenes de lesa humanidad que encierra la desaparición forzada de personas?

Los índices de acceso a la justicia son pírricos, mínimos, casi nulos. La ciudad, en palabras de la consejera es la “ciudad de la memoria, de la paz y la reconciliación”, pero aún parece ser “ciudad de olvido, conflicto y odio desmedido”.

Marleny Oruela, directora de Asfamipaz, ha saludado el gesto de las FARC, de no continuar con el secuestro como práctica. Estaremos atentos. La representante de la organización de desplazados de Urabá exige tres condiciones básicas y muy importantes para que la restitución de tierras sea efectiva:

• lo primero que plantea es la depuración de las instituciones, como ocurre en Urabá, donde el responsable de la restitución es el hermano de José Obdulio Gaviria, el señor Luis Mario Gaviria Vélez, coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, quien, como se dice, ya tomó partido por los palmicultores.
  
• La segunda exigencia es la judicialización y captura de quienes han financiado los grupos paramilitares para mantener estructuras de poder.
  
• La tercera es que a los desplazados y a las víctimas se les sea convocados para el diseño y puesta en marcha de los proyectos en los que están involucrados, como ciudadanos y agentes sociales y no sólo como participantes de talleres, y para llenar formatos de asistencia.

Juan Carlos Murillo, es uno de los cientos de indígenas Embera que se encuentran en situación de desplazamiento, espera que les sean brindadas las garantías para que el derecho a la restitución de tierras y el retorno no sea sólo montarlos a un bus a su suerte, sus exigencias son un trato con dignidad, seguridad y sostenibilidad, pues y sus necesidades básicas son innumerables. Por último esperan que sus tierras no sean entregadas a multinacionales, ya que 5,8 millones de hectáreas están dedicadas a la minería (más que las destinadas a los usos agrícolas). Según El Tiempo, portafolio, mientras esto ocurre, más de 60 grupos familiares – unas 240 personas – viven en condiciones infrahumanas, hacinados en uno de los sectores más complejos de Bogotá, en los barrios San Bernardo y la Favorita, sobre-exponiendo su existencia. Ellos sólo esperan que no pasen otras ocho años en estas condiciones.

Virgelina Chaira, representante de organizaciones afro-colombianas habla también de la discriminación histórica de los afrodescendientes, la esclavitud abolida hace más de un siglo y muchos herederos en condiciones laborales paupérrimas, en los extramuros de la ciudad en donde agentes de la Policía Nacional persiguen constantemente a los jóvenes negros. “No se puede hablar de transición cuando las autoridades que nos tienen que atender son las que nos atacan”. Pide también el desmonte de los paramilitares y el desarme de la guerrilla.  

El Director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Miguel Samper Strouss, anunció que no era el momento de dar explicaciones pero que consideraba oportuno explicar que el concepto de transición no era el mismo utilizado en regímenes totalitarios, que ésta transición “busca construir puentes hacia la reconciliación y la paz con herramientas y mecanismos efectivos frente a las violaciones masivas y sistemáticas y lo que se busca es disminuir las brechas de desigualdad social, si no se estaría estructurando sobre “un barril de pólvora”, asunto que efectivamente puede estar sucediendo.

Tres asuntos importantes mencionó para que la restitución de tierras sea viable:

• el primero de ellos es un “huevito de Uribe”, la Seguridad en la que esperan contar con los Jefes de Brigadas miliares y comandantes de Policía,
  
• la segunda es la articulación entre el Distrito y la Nación y por último empoderar a las víctimas y a la sociedad civil, y
• acciones contra los tramitadores que piden a las víctimas incluso hasta el 60% de las propiedades como pago de sus honorarios, mencionando a grupos de abogados, dejando en el ambiente que los responsables del éxito o fracoso de la restitución sean “otros” y no el Gobierno Nacional y que los verdaderos beneficiados de esta ley sean no las víctimas, sino los «otros».

Finalmente habló el Alcalde Gustavo Petro, quien se refirió no a las bondades de la ley de víctimas y restitución de tierras sino precisamente a sus deficiencias y vacíos, lo primero ha sido la política asistencialista con la que se ha tratado a las víctimas en contravía con la idea de ciudadanos. Petro cuestionó el origen de los recurso con los que se pagará la reparación de las víctimas pues se convertiría en acto de cinismo e hipocresía que los pobres del país paguen esta deuda, “quitarle a los pobres para darle a los desplazados”. “La fuente de financiación deberían ser los victimarios, con sus bienes”. Petro dijo que como en el caso de la minería, los derechos mineros no pueden estar por encima de los derechos de las víctimas.

Petro propuso la creación de un pool de abogados para asesorar y acompañar a las víctimas en las regiones en donde sucedieron los hechos. Además de una campaña para que las víctimas en Bogotá conozcan sus derechos y os instrumentos y mecanismo para el pleno ejercicio de los mismos, esta estrategia busca consolidar una “fuerza social” que este impulsada por organizaciones sociales y de víctimas. Por último mencionó el compromiso que debe asumir el Gobierno Nacional incluyendo estos rubros en el Plan Nacional de desarrollo , porque sino la ley es “carreta”, y la corresponsabilidad del Gobierno está en a efectiva democratización del país, que requiere una reforma agraria, para que los conflictos del campo no siga alimentando la guerra.