Cinep exige al Gobierno que proteja al sacerdote amenazado, Javier Giraldo
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) exigió hoy al Gobierno colombiano que ofrezca protección al sacerdote Javier Giraldo, investigador de esa organización no gubernamental (ONG) de la Compañía de Jesús que ha sido amenazado nuevamente de muerte.
La ONG y su Programa por la Paz (PPP) demandaron al Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe que «defina con claridad las medidas de protección que ofrece a las personas afectadas» por amenazas.
Sin protección «no puede existir una real garantía al trabajo de los defensores de derechos humanos», advirtió el Cinep tras denunciar en un comunicado la aparición en Bogotá de grafitis contra Giraldo.
Una de las pintadas invita a una «acción nacional» en «contra del cura marxista», mientras que otra dice que Javier Giraldo es igual a muerte.
Giraldo es el coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, y su tarea como investigador en estos campos es reconocida nacional e internacionalmente.
El sacerdote también es reconocido por el acompañamiento que hace a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asentamiento de antiguos desplazados del noroeste del país que en 1997 se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.
Tras rechazar los grafitis amenazantes, el Cinep resaltó que Giraldo «ha denunciado 201 crímenes y asesinatos» cometidos en ese poblado rural, la mayoría de ellos por paramilitares, otros por miembros del Ejército y algunos por guerrilleros.
Se trata de casos de ejecución extrajudicial, homicidio intencional y desaparición forzada, que, indicó el Cinep, «en su casi totalidad permanecen en la impunidad».
Uno de los hechos de mayor repercusión fue una matanza de ocho vecinos de esa comunidad, entre ellos un menor de edad y un bebé, así como dos líderes del asentamiento.
El crimen masivo fue cometido en febrero de 2005 por paramilitares que acompañaban como guías a militares que hacían operaciones en la zona.
El Gobierno colombiano lo atribuyó de inmediato a las FARC y ahondó en la supuesta
responsabilidad de los guerrilleros en una investigación que difundió de manera profusa por sitios oficiales en Internet.
El documento se retiró de la red cuando la investigación judicial estableció que la matanza fue cometida por paramilitares y vinculó con ella, como coautores, a varias decenas de militares.
«Rechazamos estas amenazas contra el padre Giraldo, quien ha intentado defender los derechos humanos y no dejar en la impunidad los crímenes e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario que se han cometido y se siguen cometiendo en Colombia», expresó el Cinep.
La ONG agregó que «estas amenazas son ciertamente una respuesta a su indeclinable compromiso (el de Giraldo) con las víctimas de esta violencia».
Los primeros grafitis contra el investigador jesuita aparecieron el pasado 22 de abril, día en el que Giraldo habló de la situación colombiana de derechos humanos en un congreso mundial sobre trabajo en desaparición forzada y exhumación de víctimas reunido en Bogotá.
Allí, Giraldo advirtió de que la fiscalía ha recibido denuncias sobre unas 150.000 ejecuciones extrajudiciales en el país y que la misma entidad judicial dice tener abiertos 50.000 expedientes por desaparición forzada desde finales de los años 1980.
(EFE)