Fiscalía, en alerta por escasez de recursos para buscar fosas comunes

La exhumación de entre 1.500 y 2.000 cadáveres de víctimas de grupos armados ilegales, proyectada por la Fiscalía General para el 2009, estaría en aprietos. Todo porque un sector del Congreso y el Fiscal General estiman que los recursos que quiere apropiar el Gobierno en el presupuesto del próximo año para desenterrar fosas comunes no sería suficiente.

La advertencia, hecha por integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y confirmada por el fiscal Mario Iguarán, quien en diálogo con EL TIEMPO, reconoció que “sí se han obtenido recursos, pero no los suficientes”. Semanas atrás, durante el análisis que del proyecto de presupuesto hizo esa célula legislativa, el congresista liberal Germán Olano aseguró que para 2009 la Fiscalía sólo contará con 182.734 millones de pesos para inversión.

Esto en razón de que del billón 253.734 millones de pesos que le fueron asignados, un billón 71.000 millones corresponden a gastos de personal (que incluyen gastos generales, suministros, mantenimiento, seguros, entre otros).

“Este recorte presupuestal abona el terreno para la impunidad, ya que no se puede acompañar a las víctimas, desconociéndoles así su derecho a ser asistidos por el Estado”, consideró Olano.

En su anteproyecto de presupuesto para 2009, la Fiscalía había solicitado 1 billón 450.189 millones de pesos.

Planeación y equidad Si bien en los gastos de personal se contempla un rubro para incrementar la planta de personal de la Unidad de Justicia y Paz, esta no tendría los recursos suficientes que necesita para adelantar los procedimientos forenses, debido a que de los 182 mil millones de pesos destinados para inversión, deben salir los recursos para adquisición de nuevos equipos, perfeccionamiento de los procedimientos de identificación forense, compra de unidades móviles y fortalecimiento del área informática.

También se encuentran en ese rubro los 44.000 millones de pesos solicitados para mejoras de infraestructura física en grupos satélite y de apoyo para exhumaciones en las seccionales de la Unidad de Justicia y Paz.

“Las responsabilidades que se le imponen a la Fiscalía tienen que estar acompañadas de un presupuesto. El Congreso y el Gobierno han sido diligentes y amplios en el tema; sin embargo, nunca será suficiente”, dijo Iguarán.

“Justicia y Paz nos ha desbordado”, agregó el Fiscal.

Andrés Escobar, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, aclaró que si bien el monto asignado no es el solicitado, ello no supone un recorte.

Señaló de igual forma que el presupuesto puede ser distribuido por la Fiscalía “de acuerdo con sus necesidades” en materia operativa y de funcionamiento interno.

“Tenemos que hacer mucha planeación e invocar principios de equidad para hacer una distribución equitativa y eficiente del presupuesto”, indicó el Fiscal, quien subrayó que “el tema Justicia y Paz es prioritario y vamos a privilegiarlo aunque ello comporte sacrificar otras labores”. Las metas para 2009 en materia de exhumaciones son ambiciosas. Se espera superar las cifras proyectadas para este año -cerca de 2.000 cuerpos serán exhumados- y aumentar el número de unidades regionales.

En estos momentos habría entre 3.400 y 3.600 cuerpos más por exhumar.

Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, aclaró que no tiene jurisdicción sobre el tema presupuestal y no ha sido informado sobre su posible impacto en la Unidad.

No obstante, consideró que si la advertencia se concreta, “se perdería una oportunidad única” para reparar a las víctimas de la violencia.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, fue más allá: “Lo que veo es un debilitamiento deliberado de los procesos, algo que crea impunidad”, dijo.

Cepeda recordó que en su última visita a Colombia, Luis Moreno, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtió que “existe la posibilidad de que ante determinado tipo de circunstancias se llegue a la conclusión de que no ha habido procesos en materia de reparación y atención a las víctimas”. .

»Una forma indiscutible e infinita de materializar la verdad y reparar a las víctimas de la violencia en Colombia es a través de la búsqueda y el hallazgo de los restos de los desaparecidos» Mario Iguarán, fiscal General.

30.000 desaparecidos habría en el país, según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. La cifra sería mayor, aseguran, pues hay regiones en que no se ha investigado y otras en que no hay quienes hayan sobrevivido a las víctimas.

25.000 denuncias sobre desaparición ha recibido la Fiscalía General de la Nación; 17.000 de ellas fueron radicadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Las 8.000 restantes fueron presentadas ante la justicia ordinaria.

272 cadáveres han sido hallados en Magdalena, el departamento en que se ha realizado la mayor cantidad de exhumaciones. Le siguen Putumayo con 249 cuerpos encontrados, Antioquia con 226, Meta con 185 y Córdoba con 146.

1.368 fosas han sido encontradas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía desde que inició labores en 2006. Hasta el momento han hallado 1.628 cuerpos, de los cuales 219 ya fueron identificados y entregados a sus familiares.