Gobierno pide perdón a familiares de 245 víctimas de masacres en Trujillo
‘Esto es parte de un pasado que nos avergüenza a todos, pues tenemos que reconocer que el Estado fue incapaz de proteger la vida de quienes hoy recordamos», dijo el vicepresidente Francisco Santos. El funcionario presentó ante el país el informe «Trujillo, una tragedia que no cesa», elaborado durante varios meses por el Grupo de Memoria Histórica, GMH, en el que los familiares reclamaron que no se otorgue tratamiento de héroes a los victimarios, autores de centenares de homicidios entre 1986 y 1994.
Mientras el GMH documenta y detalla 245 casos, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, Afavit, contabiliza 342. En el mismo acto Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creadora del GMH, pidió «perdón a la población de Trujillo, Valle», a nombre de esta esta entidad.
Jamileth Vargas, una adolescente que habló en representación de las Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, Afavit, reconoció la importancia del informe pero pidió que ahora el Estado colombiano garantice que castigará a los responsables y tomará medidas para que este tipo de hechos no se repitan.
«Más de trece años después (de terminada la masacre) la impunidad es total. Ninguno de los paramilitares, policías o narcotraficantes implicados ha sido condenado», denunció, en un acto realizado en la sede del Museo Nacional.
Vargas cuestionó los beneficios judiciales dados a los jefes paramilitares que culminaron su desmovilización en 2006 y dijo que contrasta «el trato de héroes que sectores de la sociedad colombiana les han dado a los victimarios, con el olvido en que han caído las víctimas».
El vicepresidente Santos, por su parte, le pidió a los organismos judiciales acelerar el proceso de expropiación de las haciendas Las Violetas y Villa Paola de propiedad de los narcotraficantes Diego León Montoya, ‘don Diego’, y Henry Loaiza, ‘el Alacrán’, con el fin de indemnizar a los familiares.
De igual forma insistió en que para reducir el grave estado de impunidad de los procesos en contra de los autores de los crímenes, los expedientes sean enviados a una unidad especial en Bogotá.
Al respecto, el Fiscal General, Mario Iguarán, respondió hoy mismo. Aseguró que este traslado ya estaba en marcha.
Los 342 asesinatos reportados por Afavit fueron cometidos entre 1986 y 1994 en los poblados de Trujillo, Bolívar y Riofrío en el norte del Valle por paramilitares apoyados por policías y militares, como parte de una estrategia para impedir la expansión de guerrilleros del Eln.
Los grupos paramilitares eran financiados y orientados por los capos ‘don Diego’, y ‘el Alacrán’. Varias de las víctimas fueron torturadas y despedazadas vivas usando la motosierra, en algunos casos en presencia de familiares, según los numerosos testimonios reproducidos en un libro y en un documental que hacen parte de la investigación del GMH dirigida por el historiador Gonzalo Sánchez.
Por esos crímenes, considerados de lesa humanidad y denunciados como ‘la masacre de Trujillo’, Colombia fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1994.
El informe
El Grupo de Memoria Histórica, GMH, que generó el documento «Trujillo, una tragedia que no cesa», recomienda evitar que se prolongue aún más el estado de impunidad en el que se encuentran las investigaciones sobre estos hechos, veinte años después de documentarse el primer homicidio.
Así mismo, le pidió al Ministerio de Defensa Nacional, «realizar un acto público de petición de perdón a las víctimas de la violencia», basado en los señalamientos que hay por la participación en la masacre de militares y policías, en alianza con paramilitares.
También le recomendaron a la Fiscalía General que traslade a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá «los procesos que hacen referencia a los hechos de Trujillo y que aún no se encuentran en fase de juicio» para que se «agilice el avance del proceso y se mejore la protección a las víctimas, sus apoderados, los testigos, las comunidades y los defensores de los derechos humanos».
Y mencionan como una prioridad el traslado a la capital del narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias «el Alacrán», acusado de ser uno de los criminales que usó la motosierra y los métodos de tortura y muerte más escabrosos en estos episodios.
La investigación del GMH cita las masacres de «La Sonora», «Los ebanistas», de Juan Ángel y el padre Tiberio Fernández Mafla y sus acompañantes, ocurridos a lo largo de 18 días entre marzo y abril de 1990.
Entre otras peticiones, solicitan que los múltiples procesos abiertos por casos de asesinatos individuales en Trujillo sean acumulados para revelar las conexiones entre unos y otros «de manera que se logren finalmente esclarecer los hechos que condujeron a las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad».