¿Y dónde queda la verdad si extraditan a ‘Macaco’?

Algunas de las víctimas del Como Isabel Cristina hay un número indeterminado de víctimas, con historias similares, que abogan por la no extradición de sus victimarios. Basado en estos reclamos, el magistrado Álvaro Cerón del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla hizo incluir a finales de febrero a ‘Macaco’ dentro de la ley de Justicia y Paz, luego que fuera retirado desde el año pasado por que se demostró que seguía delinquiendo. Esa era la forma de exigir la verdad.

"En otro país, (las víctimas) no tendrían derecho a la reparación, y lo que es más importante: a la verdad", dijo en aquella ocasión el magistrado Cerón a los medios. Ahora la extradición se interpreta como un obstáculo más que oculta la verdad de los crímenes cometidos por las autodefensas.

El abogado Amadeo Tamayo, defensor de Isabel Cristina, se remonta a los principios que inspiraron la ley 975, conocida como Justicia y Paz, que si bien es una ley transacional para facilitar la negociación entre paramilitares y Gobierno, el 40 por ciento de su contenido es relativo a las víctimas.

“Es un documento no perfecto”, dice Tamayo, “que consagra a las víctimas el derecho a saber la verdad; el recurso de una justicia ágil y eficaz en la cuál la víctima está incluida desde el principio hasta el final del proceso; la reparación económica, moral y simbólica; y, por último, la construcción de una memoria colectiva que garantice la no repetición”.

Si esto no se cumpliera Colombia sería la responsable y quedaría como paria frente al respeto de los derechos humanos, explica el abogado. Además dice que alias ‘Macaco’ en Estados Unidos no está obligado a contar la verdad, sino a explicar cómo ingresó una cantidad tal de droga, pero no como mató a unos, desplazó a otros, o desapareció a algunos más.

¿Justicia sin fronteras?

El abogado especialista en derechos humanos Iván Cepeda, dice que las víctimas perseguirán a alias ‘Macaco’ a donde sea necesario, y que le exigirán la verdad en cualquier corte que se encuentre.

“Lo primero es buscar la forma de suspender la extradición, hacer que este señor responda en Colombia por sus crímenes”, dice. Si este plan no funciona, tras la extradición de Jiménez la Corte Penal Internacional, con su “justicia sin fronteras”, sería la encargada de exigir, primeramente la verdad, y luego la justicia y reparación. Según dice, éste no sería el primer caso en el mundo donde la Corte Penal aplicaría justicia a criminales por fuera de su país de origen.

“Si lo llegan a extraditar estamos trabajando para conocer el procedimiento para que las víctimas puedan ser resarcidas”, dice Cepeda. La desaparición forzada, el desplazamiento, las ejecuciones y las masacres no corresponden a delitos del narcotráfico y hay organizaciones de víctimas, como Reparar Colombia entre muchas otras, que harán lo que sea necesario para exigir justicia.

Extraditado ‘Macaco’, las víctimas entregarían a abogados en Estados Unidos el poder de representación para que ellos reclamen la intervención de la Corte Penal, de acuerdo a la interpretación de Cepeda. “Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a descubrir donde están los desaparecidos y a saber por qué mataron a sus familiares. No sabemos cuántos crímenes ha cometido (Carlos Mario Jiménez), pero estamos seguros que no se cuentan por cientos sino por miles”.

Pese a las fórmulas propuestas, y a las que aún se encuentran en estudio, la forma de exigir verdad en este momento parece esfumarse tras la posible extradición de ‘Macaco’. El primer camino será evitar la extradición. En Estados Unidos las posibilidades de lo que pase con el jefe paramilitar son diversas y los abogados desde ya preparan las estrategias y las variantes para lograr, no solo la verdad, sino además la justicia y la reparación.

La pericia les debe alcanzar para responder la pregunta de lo que pasaría con la verdad cuando ‘Macaco’ sea extraditado. No deberán perder de vista que Carlos Mario Jiménez será llevado a un país que retiró su firma del Estatuto de Roma, y que a raíz de los hechos en Irak se ha declarado contradictoria de la Corte Penal Internacional, instaurada por el Estatuto.