Más allá de la Operación Jaque

Por Javier Hernández Valencia
Representante (E.) en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Artículo publicado en el diario El Tiempo

Pocas cosas pueden haber sido más estimulantes para el arraigado talante jurídico de muchos colombianos que lo dicho y escrito en días recientes sobre los entretelones de la operación ‘Jaque’ del pasado 2 de julio.

Palabras como perfidia y estratagema, citas del artículo 37 y 38 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, del articulo 8.2.e.ix del Estatuto de la Corte Penal Internacional y del artículo 143 del Código Penal de Colombia han sido la base mínima común del debate público local.

De todo ello queda hasta ahora, públicamente comprobado y oficialmente admitido, que existió un uso indebido del logo del Comité Internacional de la Cruz Roja, CRIC, por un miembro del Ejército que participó de manera directa en la exitosa operación de rescate.

El mayoritario consenso de los analistas apunta a que el hecho constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario. Otros añaden que, dados los elementos objetivos requeridos por los instrumentos internacionales, se descarta el que se haya configurado un crimen de guerra. Finalmente, hay quienes puntualizan que, vista la tipificación específica de la norma penal nacional que define la perfidia, la modalidad de captura empleada no resulta sancionable bajo este concepto.

El propio Presidente de la República, explicando y lamentando que el uso indebido del emblema de protección humanitaria hubiese ocurrido, pidiendo disculpas al CRIC, y asumiendo la responsabilidad, exhortó a «que este error sea un motivo de reflexión para que en Colombia haya un compromiso de total respeto a los derechos humanos».

Y es en ese rumbo que nos toca ahora congregarnos y avanzar con prontitud.

Un punto de partida obligado es poner esta infracción al DIH como la nota a pie de página permanente de algo que, a su vez, merece ser analizado con detalle sí, pero no puede ser objeto de una ciega (o interesada) campaña de demolición. Me refiero, obviamente, al descollante papel de las Fuerzas Militares de Colombia en el rescate de Íngrid Betancourt, los 11 soldados y policías colombianos y los 3 estadounidenses. La operación ‘Jaque’ no sólo les devolvió la tan deseada libertad por la que clamaban sus familias, la nación y la comunidad internacional, sino que –sin ápice de duda– les salvó la vida y les restituyó su dignidad humana.

El calvario

Estas 15 personas que estaban en poder de las Farc, civiles tomados como rehenes y militares y policías privados de la libertad por razones relacionadas con el conflicto armado interno, sufrieron años de calvario mientras pesaba sobre sus cabezas la directa amenaza de muerte por parte de sus captores en caso de que se intentase su rescate. Ellos soportaron dificultades, y privaciones, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por ellos y por los centenares que aún quedan en cautiverio no cejaremos nunca en exigir que sean liberados incondicional e inmediatamente. Al mismo tiempo, precisamente en la semana en que festejamos el décimo aniversario de la adopción del Estatuto de Roma que dió vida a la CPI, continuaremos propiciando la reflexión para abrir las puertas a que esta abominable práctica y grave infracción al DIH sea escudriñada a la luz de la jurisdicción penal universal.

Arrebatárselos al grupo guerrillero fue planeado y ejecutado como una “decisión incruenta justificada”, según el concepto de comienzos del siglo XIX del General Karl von Clausewitz. Y es importante detectar y destacar la significación que tiene en Colombia el que la dirección política y Alto Mando militar hayan decidido dar este paso a nivel estratégico. Para mi oficina, desde donde alentamos al Gobierno a “revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales de los cuerpos militares y policiales (…) para erradicar las violaciones de los derechos humanos por miembros de la fuerza pública”, esta es una respuesta positiva a nuestras recomendaciones.

Pero los estrategas han aprendido, a lo largo de la historia y por experiencia, que el caos y la incertidumbre reinan en el campo de batalla, incluso cuando se despliegan operaciones incruentas. Es a nivel operacional y a nivel del mando táctico, es decir, entre quienes implementan las órdenes, que puede suceder que no se tenga una clara perspectiva y comprensión del imperativo estratégico, amén de multiplicidad de factores no previstos o aleatorios que desvíen la intención del comando. ¡Imagínense, por ejemplo, que a alguien se le hubiese pasado por alto no camuflar o desmontar signos o materiales militares en alguna parte visible del helicóptero! Nada más cierto que la máxima acuñada por Helmuth von Moltke: “Ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo”.
Ese margen de falibilidad sólo puede ser reducido a través del rigor y precisión de la planificación sistemática y el ejercicio permanente de la disciplina.

En la operación ‘Jaque’ un oficial “equivocadamente y contrariando órdenes dadas”, como explicó el Presidente, tomó una opción equivocada. La Justicia Penal Militar tal vez pueda calificarla como delito de desobediencia, y los Inspectores Militares, e incluso la Procuraduría, definir los demás alcances de la responsabilidad funcional del oficial anónimo. Pero el mismo Presidente le ha concedido un perdón de facto, que se condice plenamente con el reconocimiento y elogios recibidos dentro y fuera del país, amén de la alegría de este rescate entre todos los colombianos. Es un momento de regocijo y magnanimidad que abona el espacio para no clamar por sanción contra dicho oficial, aunque sin olvidar que el emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en toda circunstancia y no puede ser usado de manera abusiva.

Lo cierto es que el reto principal del Estado colombiano para empezar a hacer realidad el compromiso de total respeto a los derechos humanos al que exhorta el Presidente se ubica exactamente en el mismo nivel operacional y de mando táctico en el cual se presentó el error del oficial anónimo. Su expresión más urgente y grave es la persistencia de ejecuciones extrajudiciales u homicidios en personas protegidas atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Por ello, es necesario unirnos a la invocación hecha por el Presidente y, con él, “pedimos a las Fuerzas Armadas de Colombia corregir y avanzar” más allá de la operación ‘Jaque’.

El Ministro de Defensa ha identificado con prístina claridad este tema como el problema a resolver con prioridad, el alto mando castrense ha reconocido sin ambages que ésta es un área en la que se impone un esfuerzo decidido e integral. La decisión estratégica ha sido hecha pública y formulada sin ambigüedades: tolerancia cero. Toca ahora que esto se asuma en todos los niveles operacionales. Nuestro compromiso indeclinable es acompañar a los colombianos y sus autoridades a alcanzar esta necesaria perfección.