ONU advierte revés de Colombia en derechos humanos
La administración Pastrana no solo fracasó en su intento por corregir la delicada situación de derechos humanos en el país, sino que incurrió en un serio retroceso al objetar la ley que tipifica los delitos de la desaparición forzada, el genocidio y el desplazamiento forzado. Las anteriores son dos de las conclusiones a las que llega el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia que ayer publicó con gran despliegue el diario Washington Post.
El informe, de 37 páginas, dice además que el gobierno Pastrana tampoco pudo lidiar con la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, la situación de los desplazados y la debilidad de las instituciones públicas que investigan las violaciones a los derechos humanos.
Los derechos humanos no han sido tratados como una prioridad en este Gobierno , dice el informe que aunque califica las iniciativas adoptadas por la administración como valiosas dice que poco se han traducido en resultados concretos. Los objetivos deben convertirse en acciones y decisiones coherentes que sean respetadas y aplicadas por todos en el Gobierno , señala el informe, según el cual la situación en Colombia merece un inequívoco repudio moral .
Según el Post, la decisión del Gobierno de objetar el nuevo Código Penal y el proyecto de ley que tipifica los delitos de la desaparición forzada y la tortura, entre otros, fue consecuencia de presiones de los militares que alegaban que bajo los preceptos establecidos en esos textos los soldados podrían ser juzgados en cortes civiles por matar guerrilleros en combate. El documento de la ONU, de igual forma, condena las masacres de paramilitares y guerrilleros y dice que el Gobierno no cumplió con su deber de brindar protección a los defensores de los derechos humanos. Señala que tampoco hizo un esfuerzo por implementar un sistema de alerta temprana para aquellas comunidades bajo riesgo de incursiones paramilitares y guerrilleras.
El informe, que se suponía sería conocido hacia finales de mes, se filtró a los medios de comunicación apenas una semana después de que la organización Human Rights Watch concluyó, en otro documento, que el nexo del Gobierno y los paramilitares estaba casi institucionalizado y también del pronunciamiento de Departamento de Estado que, en su informe anual, critica los pobres resultados del Gobierno en materia de los derechos fundamentales. Las conclusiones de la ONU llegan justo en momentos en que el Congreso de E.U. analiza un paquete por US$ 1.574 millones, que la administración Clinton ha propuesto para ayudar a Colombia.
El debate, en el que el tema de los derechos humanos ha cobrado gran relevancia, se ha visto enfrentado a una intensa polémica precisamente porque una buena parte de los recursos 599 millones de dólares estarían destinados a fortalecer a un ejército que, según estos informes, no ha podido romper sus vínculos con el paramilitarismo.