ONU, partidaria de doble reparación

La ONU le hizo conocer al Gobierno del presidente Álvaro Uribe varias “reflexiones” para que las tenga en cuenta a la hora de definir políticas para favorecer los derechos de las víctimas. Al mismo tiempo le hizo cuestionamientos sobre los programas que tiene para atender a los afectados por la violencia. Los planteamientos aparecen en una carta que el coordinador residente de la ONU, Bruno Moro, le envió al viceministro de Justicia, Gilberto Orozco Orozco, en la cual se mostró partidario de que se establezca en Colombia “una legislación que fortalezca el respeto por los derechos humanos y la construcción de una paz sostenible”.

Orozco salió al paso a los cuestionamientos al asegurar que “no son recomendaciones” para el Gobierno, sino que se trata del resumen de una reunión que él sostuvo con Moro y con voceros de algunas organizaciones para hablar sobre el proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca establecer el denominado estatuto de las víctimas. En la misiva, fechada el pasado 23 de septiembre, Moro señaló que “los programas (para favorecer a las víctimas) deberían ser elaborados como parte de una política deliberada de reconocimiento de los derechos de las víctimas, procurando evitar confundirlos con la ayuda humanitaria o lucha contra la pobreza”.

Paralelo a esto, dijo que “los procedimientos que guíen los programas de atención a las víctimas deberían basarse en la igualdad jurídica y social de toda persona que ha sufrido menoscabo de de sus derechos”.

También recordó que los estándares internacionales definen la calidad de víctima por la violación del derecho, independientemente de la calidad del victimario, incluyendo por tanto a las víctimas de agentes del Estado y a organizaciones armadas ilegales.

“La reparación constituye un derecho a toda víctima de violaciones graves y , además, es una manera de restituir el sentido de dignidad y ciudadanía a personas que ven afectadas sus capacidades básicas de desarrollo individual y social”, dijo Moro en su carta al Viceministro.

Pero en este tema fue más allá y se refirió a la reparación administrativa que promueve el Gobierno. Dijo, además, que “esta no debería ser un obstáculo para que las víctimas también tengan acceso a un recurso judicial efectivo para el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación”.

Finalmente dentro de las recomendaciones que formuló dijo que sería importante que los programas respondieran de inmediato a las múltiples exigencias que puedan sufrir las víctimas, sin perjuicio de la implementación progresiva de todos sus componentes.

Le bajó el tono Pero el Viceministro le bajó totalmente el tono a la carta. Aseguró que esa carta no es otra cosa que las “memorias” de una reunión en la que cada uno de los participantes expuso propuestas y alternativas para el proyecto de víctimas que hace tramite en el Congreso.

“Todo esto se planteó en la reunión. Lo que allí discutimos, son las propuestas que hicieron las partes y él me las envió para que las tuviera en cuenta. Además, debe quedar claro que todo esto está referido exclusivamente al proyecto de ley sobre el cual discutíamos, no es ninguna injerencia de la ONU”, dijo Orozco.

Uribe, en reiteradas ocasiones, ha expresado preocupación por el alto costo fiscal que puede significar la reparacion de las víctimas.

El proyecto de ley que crea el estatuto de las víctimas no la tiene fácil en el Congreso.

Anoche trascendió que habrá dos ponencias para su penúltimo debate, que se surtirá en la Comisión Primera de la Cámara: la de la oposición, impulsora de la iniciativa, y otra del Gobierno, que estará coordinada por el conservador Jorge Mantilla.

Otro punto de enfrentamiento está en que el Gobierno asegura que repara por solidaridad y la contraparte, que debe hacerlo por responsabilidad. Y finalmente el Ejecutivo insiste en que el monto total para reparar no puede pasar de los 7 billones de pesos.

Todo esto está referido exclusivamente al proyecto de ley sobre el cual discutíamos, no es ninguna injerencia de la ONU”. Viceministro de Justicia, Gilberto Orozco Orozco.

«La reparación administrativa no debería ser un obstáculo para que las víctimas también tengan acceso a un recurso judicial efectivo”. Bruno Moro, coordinador Residente de Naciones Unidas.