Polémica restitución de general Velandia
6/07/2002 7:00
Por considerar que el proceso disciplinario ya había prescrito, el Consejo de Estado anuló la resolución de la Procuraduría que ordenó destituir al general del Ejército lvaro Hernán Velandia, sancionado por su participación en la desaparición y muerte de la ex militante del M-19 Nidya Erika Bautista en 1987.
Velandia fue destituido en 1995 cuando ostentaba el rango de brigadier general del Ejército y ocupaba la comandancia de la Tercera Brigada con sede en Cali.
En ese entonces, la Procuraduría consideró que el coronel Velandia Hurtado, quien era comandante del Batallón de Inteligencia Charry Solano en Bogotá cuando desapareció Nydia Erika en 1987, tuvo conocimiento de la retención de la joven, la aprobó y no trató de evitarla cuando tenía el deber, el poder y la oportunidad de hacerlo.
Sin embargo, el oficial inició una batalla jurídica en la que argumentó que su proceso ya estaba prescrito, que lo habían notificado a través de edicto y que el Ministerio Público ya no tenía facultad para sancionarlo.
Ese argumento tuvo eco en el Consejo de Estado que no solo anuló las resoluciones de la Procuraduría y el decreto presidencial que lo destituyó, sino que además ordenó el reintegro del oficial al servicio activo y que el propio Ministerio Público debe pagarle hasta el último peso que dejó de percibir por salarios, primas, prestaciones y demás derechos laborales dejados de percibir.
La decisión fue tomada por los magistrados Jesús María Lemus Bustamante y Alejandro Ordóñez Maldonado de la subsección B de la sala laboral del Consejo de Estado.
Según el alto tribunal, la investigación se inició el 26 de julio de 1990, fecha en la cual se estableció plenamente la identidad de Nydia Erika Bautista después de tres años de desaparición. El término máximo para dictar un fallo era de cinco años, es decir, el plazo vencía el 26 de julio de 1995.
El fallo de la destitución se tomó el 19 de julio de 1995 pero la notificación se hizo a través de edictos por lo cual el oficial interpuso una tutela para que le notificaran personalmente la decisión que finalmente se hizo el 25 de agosto de 1995.
Para el Consejo de Estado cuando se notificó personalmente ya había el negocio había prescrito.