Presentan Informe a familiares de víctimas de crímenes en Trujillo (Valle)
WILLIAM LOAIZA AMADOR ESPECIAL PARA EL TIEMPO TRUJILLO (VALLE)
A Kevin los ojos no le alcanzaban para descubrir entre el reguero de fotografías puestas con delicadeza en el prado del parque de la Reconciliación de Trujillo (Valle del Cauca) la de su tío Gilberto Hernández. El niño, de 10 años, no lo conoció, pero junto con su familia fue ayer al homenaje que recibieron las 342 personas,que entre 1988 y 1994 fueron asesinadas en Trujillo, Bolívar y Riofrío.
En el acto se presentó el informe del Grupo de Memoria Histórica (GHM), de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ‘Trujillo: una tragedia que no cesa’, en el que se señala como responsables de estas muertes a grupos de narcotraficantes, agentes del Estado, grupos guerrilleros y políticos.
En él, Álvaro Camacho Guizado, director del GMH, señala que se “reconoce en los sucesos violentos de Trujillo la configuración de crímenes de lesa humanidad en el carácter generalizado y sistemático de las acciones acaecidas, y sus impactos no sólo sobre la dignidad de las víctimas, sino sobre el conjunto de la sociedad”.
Después de una década no hay un solo responsable del horror que vivieron los habitantes de Trujillo y sus vecinos.
Y en eso está de acuerdo María Ludivia Vanegas, quien llevaba en sus brazos las cruces que simbolizan el calvario que ha vivido desde 1992, cuando desaparecieron a su hijo Franklyn y a sus familiares Hernando y Rafael Muñoz.
No son los únicos a los que llora. Su hermana Dora Idalí y el esposo de ella fueron asesinados y dejaron a seis niños huérfanos.
“Es una cosa muy triste”, dijo la mujer mientras caminaba con unos 200 familiares de víctimas rumbo al parque monumento, donde se cumplió el acto, a las 10 de la mañana.
La Asociación de Familiares de las Víctimas y Desaparecidos de Trujillo (Afavit) hace un esfuerzo por no desaparecer “porque hubo momentos críticos”, dijo Alba Liliana Giraldo , secretaria de la asociación, quien sufrió la muerte de su papá, de dos hermanos, de tres tíos y de un primo.
Hoy, 18 años después, Alba Liliana dice que aquí en Trujillo, como dice el Himno Nacional de Colombia, no se puede decir que “cesó la horrible noche”.
“Pese a todo, todavía hay impunidad. Pero se espera que todo cambie a partir de este momento”, confía la señora.
Terror y tortura Según el informe, el 91,4 por ciento de las víctimas fueron hombres, la mayoría adultos entre 26 y 45 años y en menor medida jóvenes entre 18 y 25 años. La mayoría eran campesinos o jornaleros y pequeños comerciantes, motoristas y tenderos.
Camacho dijo que “en Trujillo se exhibió un repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura y del terror, hasta ese momento inusitado con el uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los hierros candentes introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas, la asfixia con chorros de agua, el martilleo de dedos y el levantamiento de las uñas”.
Gonzalo Sánchez Gómez, coordinador del grupo, considera que lo ocurrido en el municipio es una evidencia de que cuando la justicia no interviene o es falseado su accionar “se acrecienta el poder y la necesidad de la memoria como guardiana y veedora de verdades no dichas, suprimidas o distorsionadas”.
Por su parte, los familiares de las víctimas solo pidieron que no olviden a sus seres queridos. María Consuelo Cardona dijo que su anhelo es que se consigne la historia de su hijo, Carlos Alberto Torres Cardona, quien en enero de 1991 desapareció cuando cumplía una misión militar.
Después, su voz se apagó mientras escuchaba atentamente las palabras quebrantadas de la actual alcaldesa, Gloria Amparo Espinosa, a quien le mataron a su papá, Abundio Espinosa, cuya honras fúnebres fueron oficiadas por el inmolado el sacerdote Tiberio de Jesús Fernández Mafla, secuestrado y salvajemente destrozado después de haber concurrido al acto religioso con los compañeros de infortunio: su sobrina, el novio de ella y el ayudante de la parroquia.
A las 4:30 de la tarde, en silencio, las familias abatidas regresaron a sus casas.
El próximo martes, el informe se presentará en el Museo Nacional de Bogotá, con la asistencia de organizaciones sociales y de víctimas.
William Loaiza Amador