Procurador: no es bueno permanecer en el libro negro de la violación de los derechos humanos

Al recibir el documento, el presidente César Gaviria manifestó que los derechos humanos ya no son una bandera política que represente intereses particulares, sino uno de los ejes de la política de paz.

El informe precisa que entre enero y abril de 1990 fueron víctimas de masacres 589 personas y ocurrieron 560 homicidios, imputados a agentes oficiales.

Entre el primero de enero de 1990 y el 30 abril de 1991 ocurrieron en Colombia 560 homicidios, 68 masacres, 664 casos de torturas y 616 de desaparición forzada, imputados a agentes oficiales del Estado.

Durante el mismo lapso, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a 281 miembros de la Policía y a 61 de las fuerzas militares, comprometidos en acciones aisladas de este tipo, y conoció 3.087 quejas por violación de derechos humanos.

Los departamentos más afectados por las violaciones a las garantías individuales fueron Cundinamarca, con 14,65 por ciento de casos denunciados; Antioquia, con 12,97 por ciento; Santander, con 11,7 por ciento; Valle, con 8,48 por ciento y Cauca, con 5,50 por ciento.

Treinta por ciento del total de las 5.285 víctimas fueron campesinos, seguidos porcentualmente por trabajadores independendientes y del sector oficial y por personas con profesiones definidas.

Estas cifras están consignadas en el primer informe oficial de la Procuraduría sobre los derechos humanos en Colombia, entregado ayer por el jefe del Ministerio Público, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, al presidente César Gaviria Trujillo.

En un análisis de fondo que encabezó la presentación del documento, el Procurador dice que el informe trasciende los habituales diagnósticos escandalosos, soberbios o demagógicos y busca motivar el hallazgo de fórmulas que a la larga le permitan al país salir del libro negro de la violación de los derechos humanos , que lo coloca en los linderos de la barbarie .

Aclara que el documento está referido a la esfera oficial, porque a ella se circunscribe de la acción de la Procuraduría, pero subraya que la guerrilla y otras fuerzas de extrema y delictivas son también agentes violadores, si bien su control corresponde a la justicia ordinaria.

Al recibir el informe, el presidente Gaviria dijo que el tema de los derechos humanos ya no es un arma política al servicio de intereses particulares, sino el eje de una política que busca consolidar la paz y afianzar la legitimidad del Estado.

Precisa el informe que las quejas presentadas ante la Procuraduría hacen suponer la vinculación de agentes del Estado en 387 procesos por el homicidio de 560 personas. Antioquia, Santander y Córdoba son los departamentos más afectados.

En las áreas urbanas y semiurbanas, el mayor número de víctimas (13,47 por ciento) corresponde a los trabajadores independientes y del sector informal.

El alto porcentaje de empleados oficiales, 6,67 por ciento, incluye un 3,39 por ciento de las Fuerzas Armadas que han sido víctimas de homicidios, en los cuales se denuncia como responsables a agentes del Estado , informa el documento.

El 42,65 por ciento de los acusados pertenece a la Policía Nacional y el 31,60 por ciento, a las fuerzas disciplinarias.

La Procuraduría sancionó durante ese lapso a 43 funcionarios y, en el ocho por ciento de los procesos, dispuso apertura de formal averiguación disciplinaria, con la correspondiente notificación de pliego de cargos a 55 miembros de las Fuerzas Armadas. Sin rastros…

El informe considera de especial gravedad el fenómeno de las masacres y revela que durante los últimos 15 meses se han presentado 68 casos en 16 departamentos. Entre estos, los más afectados han sido Antioquia, con 22 masacres (32,35 por ciento); Córdoba, con ocho (11,76 por ciento) y Santander, con siete (10,29 por ciento).

Las víctimas fueron en su mayoría campesinos: 40,23 por ciento. Sin embargo, la Procuraduría destaca que hay también un alto porcentaje de miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos y miembros del M-19, ya que en el estudio fue incluido el fallo por las cruentas toma y desalojo del Palacio de Justicia.

El 29.70% de las investigaciones busca identificar a los responsables, el 38.23 por ciento tienen como denunciados a miembros de las Fuerzas Armadas y el 20.58% a miembros de la Policía Nacional.

A miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se les imputa un caso, que porcentualmente equivale al 1.74.

El informe refleja una especial preocupación del Ministerio Público frente al tema de la desaparición forzada, conducta que define como privación arbitraria de la libertad en lugares clandestinos o carentes de control judicial, donde se busca ocultar el paradero de las víctimas.

Explica que esta violación se caracteriza por ser crónica o permanente, lo que da lugar a su imprescriptibilidad. Se presenta generalmente –dice– en un contexto complejo, puesto que son varias las conductas que la integran: allanamiento ilegal, detención arbitraria, ocultamiento, no registro en los libros de retenidos en guarniciones, tortura y homicidio .

Su investigación, según el estudio, resulta muy compleja, ya que los autores trazan con premeditación sus acciones y se ocupan de no dejar rastro, huella o evidencia alguna.

Explica que por ello la Procuraduria Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, oficina creada en 1990 y encargada de investigar este tipo de violación, solo profirió durante los últimos 16 meses fallos sancionatorios contra cinco miembros de la Policía Nacional y otros tantos de las Fuerzas Militares. Además formuló 30 pliegos de cargos contra agentes de organismos de seguridad del EStado. Cifras de torturas En el departamento del Valle se presenta el más alto número de desapariciones: 123. Le siguen Antioquia, con 111; Santander, con 65 y Cundinamarca, con 64. Sin embargo, Arauca, Guaviare, Meta y Vichada presentan los más altos índices por cada cien mil habitantes.

Las víctimas son, en su mayoría, trabajadores informales o independientes, estudiantes, sindicalistas, activistas y campesinos.

Si bien el informe precisa que las lesiones personales constituyen la conducta más denunciada en este frente, establece una clara diferencia de la torura.

Las investigaciones adelantadas constan de 272 expedientes con 664 víctimas. El mayor número de quejas ha sido formulado en Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cauca, en los que se registra más del 56 por ciento de los casos.

El 48,8 por ciento de los casos reportados involucran a miembros de las Fuerzas Armadas (20,47 por ciento), mientras que un 29,17 por ciento se refiere a responsables en averiguación. De las 664 víctimas, 46,58 por ciento son campesinos; 16,97, trabajadores independientes y del sector informal y 12,42, reclusos en cárceles.

En relación con el índice de población, el fenómeno se manifiesta más crítico en la intendencia de Arauca, donde por cada cien mil habitantes, 23,16 son víctimas de torturas, siguiéndole en su orden Guanía, Norte de Santander y Cauca , dice el informe.

Las lesiones personales ocupan el primer lugar en el registro de violaciones: 941 personas, que representan el 17,08 por ciento de la totalidad de las víctimas reportadas, fueron objeto de agresión física diferente de torturas por parte de agentes del Estado.

El 76,25 por ciento de los funcionarios denunciados pertenece a la Policía y, de los 155 que han sido sancionados, 148 son miembros de esa institución.

A su vez, las detenciones arbitrarias son tema de 611 investigaciones que incluyen a 677 víctimas. (…)Aunque los departamentos con mayor número de víctimas fueron Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cauca y Norte de Santander, al tener en cuenta el índice de detenciones arbitrarias por cada 100 mil habitantes, Arauca fue una vez más, la más afectada seguida por los departamentos de Cauca y Norte de Santander , indica la Procuraduría.

El 77.14 por ciento de los casos fallados afecta a 77 miembros de la Policía, Ocho de las Fuerzas Militares y dos de la Policía Judicial. Sin orden judicial Cundinamarca, Antioquia y Santander son los departamentos que registran el más alto índice de denuncias por allanamientos ilegales.

El 49,89 por ciento de las quejas vincula a miembros de la Dirección de Policia Judicial e Investigación (Dijin) y a sus seccionales (Sijin). En segundo término aparecen miembros de las fuerzas militares, en un 40,54 por ciento y, en menor grado, miembros del DAS y del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (8,93 por ciento).

El informe le dedica también un análisis el caso de las amenazas y dice que en Cundinamarca, Santander y Antioquia ha sido recibido el mayor número de denuncias así: 55.73 por ciento contra miembros de la Policía Nacional; 24.91 por ciento contra miembros de las Fuerzas Militares y 6.55 por ciento contra otros empleados oficiales.

Las organizaciones más afectadas por este tipo de violación son los sindicatos, los grupos de derechos humanos, los movimientos cívicos y la Unión Patriótica.

Dentro del punto de otras violaciones , el documento incluye las tentativas de homicidio, los atentados a la población, los abusos de autoridad, hostigamientos, malos tratos y abusos sexuales.

Frente a estas violaciones de menor entidad se denuncia en un 72,26 por ciento a miembros de la Policía Nacional, en un 17,60 por ciento a miembros de las fuerzas militares y en un 5,46 por ciento a otros empleados oficiales , Precisa. Frases de reflexión Durante el acto de entrega oficial del documento sobre los Derechos Humanos en el país, el Presidente y el Procurador hicieron reflexiones del siguiente tenor: Presidente: Ya no es, si alguna vez lo fue, el tema de los Derechos Humanos un arma política al servicio de intereses limitados. Se ha convertido, por el trabajo constante de muchos compatriotas, en el eje de una política para la consolidación de la legitimidad de las instituciones públicas y de ese orden democrático que los colombianos han escogido.

Hoy, tiene el país una Constitución cuya estructura más profunda, cuyo núcleo es la defensa y protección de los Derechos Humanos.

Sin una amplia participación ciudadana, que convierta cada órgano del Estado en un vocero de la población, y sin una vigilancia contínua de la administración, los funcionarios pueden caer en la indolencia o lanzarse a los excesos.

La protección de los derechos de los ciudadanos, amenazados por las delincuencias de todas clases, es la obligación central, la meta por excelencia del Estado, si queremos garantizar una sociedad que viva bajo el imperio de la ley.

No puede el Gobierno desconocer la gravedad de las acusaciones que se hacen en forma reiterada y masiva contra sus agentes, ni ignorar hasta qué punto reina la impunidad en los procesos por violación de derechos humanos.

El impulso a una educación que supere el autoritarismo, y lo remplace por una cultura de la participación, el diálogo y la tolerancia, resulta esencial. Procurador: El tema de los Derechos Humanos puede convertirse en el punto de partida de la construcción de la religión civil o de la ética laica de la que hoy en día carecemos.

El informe está referido fundamentalmente a dos organismos significativos de la fuerza pública: el Ejército y la Policía Nacional.

Ello no quiere decir que no existen agentes violadores no oficiales o particulares.

La situación es alarmante. Hay que reiterarlo sin pausa y sin ambages. Amerita, igualmente, correctivos inmediatos por todos los organismos del Estado y, por su puesto, por aquellos directamente involucrados en el problema.

La Procuraduría tiene la esperanza de que cualquier discusión sobre este informe ha de tener como norte la búsqueda de la modificación, por parte de todos los actores, de las conductas aquí descritas y, lo que es más importante, la creación de las condiciones necesarias para la emergencia de nuevas actitudes y comportamientos solidarios…