Procurador examina los derechos humanos
Los organismos de seguridad del Estado cometieron el 0,54 por ciento del total de las violaciones contra los derechos humanos que se registraron el año pasado. El restante 99,46 por ciento fue obra de la guerrilla, los narcotraficantes y la delincuencia no organizada. Estas revelaciones fueron hechas ayer por el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, durante la entrega del segundo informe anual sobre violación de derechos humanos que realiza la dependencia a su cargo.
El informe del Ministerio Público asegura que la Policía Nacional es el principal agente oficial violador de los derechos humanos en el país, y a la vez, como un contrasentido, es la institución que registra el más alto índice de víctimas por este fenómeno. Así mismo, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca son los departamentos con las cifras más altas sobre violación de derechos humanos. La mayoría de las víctimas son ciudadanos independientes, es decir, personas que no están vinculadas a ningún grupo de interés o agremiación con pretensiones de representatividad o reivindicación.
De 2.618 quejas presentadas durante 1992 en el Ministerio Público contra los organismos oficiales, 1.517 el 58 por ciento fueron contra la Policía. Esa institución fue afectada, durante ese mismo período, con 1.000 pliegos de cargos, que equivalen al 73 por ciento del total de acusaciones formuladas por la Procuraduría el año pasado. A la Policía se le ha investigado por todos los tipos de violaciones y sus integrantes han sido encontrados culpables de los hechos imputados en un 60 por ciento de los fallos proferidos por el Ministerio Público , asegura el informe. En cuanto al hecho de que la Policía sea la que registra el mayor número de víctimas por violación de derechos humanos, la Procuraduría sostiene que su alta propensión a cometer abusos y la mala imagen que esto le acarrea hace de esa institución el blanco preferido de las venganzas .
La Procuraduría considera valioso, pero no suficiente, el esfuerzo hecho por los organismos de seguridad del Estado para limitar la capacidad violatoria de derechos humanos por sus integrantes.
Según el informe, las Fuerzas Militares son el segundo organismo oficial en número de denuncias por violación de los derechos humanos, con el 15,6 por ciento. Según las estadísticas oficiales, en 1992 la Procuraduría formuló 191 pliegos de cargos contra militares, es decir el 14 por ciento de los proferidos por esa materia. Emitió, así mismo, 55 fallos en los que estaban involucrados miembros de las FF.MM., de los cuales el 56 por ciento resultó en absolución y el 44 en sanción. Las sanciones fueron aplicadas por faltas graves, es decir, por masacres, homicidios, desapariciones y torturas.
El Ministerio Público anota que entre los principales agentes violadores de los derechos humanos Policía, FF.MM., Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, el DAS es el único con un crecimiento constante de quejas.
En cuanto a las regiones más violentas del país, la investigación, basada en el número de denuncias recibidas, dice, por ejemplo, que Antioquia tiene como principales focos de violencia a los municipios de Andes, Caucasia y Bello. Según la Procuraduría, estos tienen uno de los índices más altos de violaciones reportadas en todo el país. La entidad asegura que el panorama de Medellín no es nada alentador, ya que la ciudad aporta un poco más de la tercera parte de las denuncias de todo el departamento. El informe agrega que Barrancabermeja (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander) son ciudadas que, a pesar de ser intermedias, registran los mayores índices de violación de los derechos humanos. Situación similar vive Cali, que aporta a las estadísticas el 54 por ciento del total de quejas del departamento del Valle del Cauca. El fenómeno de concentración de la acción violenta del narcotráfico en esta ciudad parece ser tanto o más agudo que en Medellín , dice la Procuraduría. En cuanto a Bogotá, el estudio revela que registra el 13 por ciento de las quejas que llegan al Ministerio Público.
Compromiso de todos: Gaviria
Somos conscientes de que nos espera una vasta agenda de realizaciones en el campo de los derechos humanos , dijo ayer el presidente César Gaviria durante el acto de entrega del segundo informe que realizó la Procuraduría sobre violación de los derechos humanos.
Acerca de las sindicaciones contra los organismos estatales comprometidos en tales violaciones, el Presidente dijo: Quizá no hemos hecho lo suficiente para identificar esos comportamientos, para aislarlos, para castigarlos. Quizá no hemos invertido para lograr los suficientes recursos, no hemos capacitado al personal requerido para la cabal ejecución de la tarea ni lo hemos dotado de los medios indispensables para alcanzar esos fines. Pero no es cierto que el Estado o el Gobierno colombianos se hayan quedado cruzados de brazos. Segura y persistentemente hemos ido contribuyendo a consolidar la legitimidad del tema de los derechos humanos, a darle pleno vigor constitucional, a ampliar y fortalecer la red de instituciones estatales y gubernamentales que se ocupan de su promoción, protección y defensa . El Presidente agregó que este tema ya no es una bandera política de uno u otro grupo, sino que se ha convertido en un compromiso solemne y sagrado de todos.
Para el Primer Mandatario, informes como el de la Procuraduría nos recuerdan que siguen presentándose numerosas y graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes estatales . Según Gaviria, estas violaciones son una pequeña parte del fenómeno, si se compara con la violencia desarrollada por grupos armados como la guerrilla y las mafias del narcotráfico. Dijo que tiene como retos atacar la impunidad, impulsar los procesos judiciales y disciplinarios en curso, dentro del marco del debido respeto a la autonomía del poder judicial y del Ministerio Público.
Así mismo, se propone reactualizar el diagnóstico del mal llamado fenómeno paramilitar, en el impulso a la tipificación legal y a la punición extraordinaria del genocidio y de la desaparición forzada de personas, en la consagración y ampliación de mecanismos ágiles de compensación a las víctimas de la violencia, en la atención integral a los desplazados por la misma. En su intervención, el Primer Mandatario hizo un amplio reconocimiento de los esfuerzos hechos por las Fuerzas Armadas para reducir los índices de violación de derechos humanos que les atribuyen.