Relator de ONU le pide a Uribe objetar la Ley

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le pidió ayer al presidente Alvaro Uribe Vélez postergar la sanción de la Ley de Justicia y Paz, aprobada recientemente por el Congreso.

A través de un comunicado presentado por el vicepresidente relator del Grupo de Trabajo, Bayo Adekanye (de Nigeria), la ONU insta al mandatario a que «ejerza su facultad de objeción presidencial sobre dicha ley a efecto de que el Congreso la armonice con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O antes de sancionarla someta dicha ley a la consideración de la Corte Constitucional para que ella sea quien determine si la misma respeta el bloque constitucional, que incluye los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Colombia es parte».

El Grupo, que desde el 5 de julio y hasta ayer se encontraba de misión en el país, manifestó su preocupación por el texto aprobado en el Congreso. A juicio del organismo la ley «podría llevar, en lo jurídico y en lo práctico, a la concesión de importantes beneficios atenuantes de responsabilidad penal a personas que hubieren cometido la gravísima conducta de la desaparición forzada de personas, sin que se asegure su contribución previa a la obtención de dicho beneficio para el esclarecimiento del caso correspondiente (…)».

En otras palabras, la solicitud del grupo va dirigida a que, antes de la sanción presidencial, la ley garantice una eficaz colaboración de los desmovilizados para esclarecer la verdad en los casos de desaparición y de esta manera reciban los beneficios contemplados en el articulado.

Y para ello propone dos alternativas: que el texto sea devuelto al Congreso para que se hagan los ajustes respectivos o sea revisado por la Corte para que le dé su visto bueno.

Esta es la segunda misión del Grupo en el país y aunque reconoce «importantes avances constitucionales, legales e institucionales» en el país en cuanto al marco jurídico de la desaparición forzada de personas, también alerta sobre el «escaso progreso en la instrumentación y aplicación práctica de dichos ordenamientos».

Desde su creación, en 1980, la agencia ha sido informada de 1.161 casos de desaparecidos en el país, de los cuales aún tiene pendientes de esclarecimiento 897. El grupo derá a conocer un informe sobre su visita en los próximos días.