Siguen desaparecidas 15.000 personas desde años de la guerra interna en Perú

Lima, 28 ago (EFE).- Unas 15.000 personas siguen desaparecidas en Perú después de la guerra sucia entre el Estado y los grupos terroristas (1980-2000), al cumplirse hoy cinco años de la presentación de un informe elaborado para intentar cerrar las heridas del conflicto.

Aunque se desconoce con precisión el total de desaparecidos durante aquel conflicto, el director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, declaró a Efe que estos superan la cifra de 8.558 personas que determinó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en sus conclusiones. El EPAF completó a partir de 2007 la lista de la CVR con otras más, entre ellas de la Defensoría del Pueblo, lo que le permitió determinar unos 15.000 desaparecidos, explicó este experto que trabajó en investigaciones forenses en Yugoslavia e Irak.

Aún más, Baraybar cree que el número de desaparecidos en Perú es mayor, ya que aún no se han investigado zonas como el Alto Huallaga, al noreste del país, el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), al sureste, o la selva central.

«El Alto Huallaga es un lugar que ha estado produciendo desaparecidos por muchos conflictos, pero específicamente en la época del conflicto interno tiene una cuota alta de desaparecidos que no está siendo considerada», precisó.

Las desapariciones forzadas en Perú confirman que las víctimas fueron en su mayoría pobladores quechuahablantes de zonas rurales y en situación de extrema pobreza, tal y como lo señala el informe de la CVR.

El experto aseguró que en el caso peruano, donde el conflicto interno dejó, según la CVR, casi 70.000 muertos y desaparecidos, la desaparición forzada fue «una herramienta exclusiva del Estado» y no «un daño colateral», como sucedió en países como en Guatemala.

Baraybar indicó que el problema de los desaparecidos es su «invisibilidad» social, ya que se trató principalmente de peruanos pobres de zonas rurales que no hablaban español.

El experto del EPAF defendió la necesidad de determinar a quiénes se está buscando para «tener más facilidad de encontrarlos», y abogó por un enfoque humanitario en las investigaciones, ya que, según él, las familias de los desaparecidos «tienen necesidad de respuesta».

Este enfoque no «excluye a la (aplicación de) la justicia», añadió.

Al respecto, el ex presidente de la CVR de Perú Salomón Lerner recordó a Efe que entre las principales recomendaciones de su comisión están las reparaciones para las víctimas del conflicto y los juicios penales a los victimarios, así como las reformas institucionales del Estado.

En ese sentido, destacó entre los avances más importantes el proceso abierto por violación a los derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori (1980-2000), acusado por diversos sectores de ser el máximo responsable de la guerra sucia.

La justicia peruana ya ha condenado hasta con 35 años de prisión a ex militares que participaron en la matanza de La Cantuta (1992), que es, junto a la de Barrios Altos (1991), una de las más significativas del régimen fujimorista.

En el tema de las reparaciones «se ha avanzado mal que bien», aunque «no todo lo que se debiera» porque faltan indemnizaciones individuales y colectivas, señaló el ex presidente de la CVR.

Igualmente se quejó de la falta de colaboración del Ministerio de Defensa en las investigaciones, un tema que ha causado más de un escozor en las esferas del Estado.

La CVR atribuyó a Sendero Luminoso un 54 por ciento de las muertes registradas en ese período, y a las fuerzas del orden y grupos paramilitares un 44,5 por ciento.

Ante las solicitudes de los defensores de los derechos humanos para que el Estado pida perdón por los atropellos, el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, consideró que esta propuesta era «poner de rodillas» a las instituciones del país.

Hoy, en el quinto aniversario del informe de la CVR, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos harán un homenaje en el limeño monumento «El Ojo que llora» dedicado a las víctimas de este sangriento conflicto. EFE, Rocío Otoya.