Un voto contra las Desapariciones
No es un secuestro, pues por el plagiado se exige algo a cambio, generalmente dinero. Tampoco un homicidio porque es incierta la suerte de la persona. Y menos un extravío, ya que no se trata simplemente de alguien que se perdió sino que, en término coloquial, lo perdieron .
La desaparición forzada que no está tipificada en el código penal militar tiene característica muy definidas: hay privación de la libertad, ocultamiento y falta de información total sobre qué pasó con esa persona. Los móviles de esta práctica son políticos. Los autores se llevan a sus víctimas para obtener de ellas información mediante la tortura y, luego, no dejan rastro alguno.
Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, contrastados a su vez con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la Policía Nacional, desde 1972 hasta septiembre de 1996 se presentaron 2.340 casos. Países como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay fueron los que más altos índices de violencia política de este tipo registraron en la década de los setenta, en pleno auge de las dictaduras militares. Desde esa época, la autoría de las desapariciones forzadas se ha atribuido a agentes estatales. Sin embargo, en los últimos años los casos en los que están involucrados agentes estatales han disminuido, pero han aumentado los de los grupos armados al margen de la ley.
Según la Asociación de familiares de DetenidosDesaparecidos (Asfaddes), la modalidad ha pasado de ser individual a colectiva. Esta ONG señala que ahora son también los grupos paramilitares los que ejecutan esta clase de acciones. En Colombia esta práctica se ha utilizado principalmente contra líderes de izquierda.
La noticia de la primera denuncia de desaparición forzada se tuvo en 1979. Fue en Barranquilla donde la bacterióloga Omaira Montoya fue detenida y luego desaparecida. Hasta ahora no se conoce noticia de ella.
En vista de la situación, las organizaciones no gubernamentales han reclamado que este hecho sea elevado a la categoría de delito, mediante el trámite de una ley en el Congreso. Ya hubo un intento al respecto, pero fracasó en el gobierno de César Gaviria. En breve, la administración Samper presentará un proyecto al Congreso que tiene como eje central la tipificación del delito de la desaparición, proscrito en la Constitución. Yaneth Bautista, presidenta de Asfaddes, única ONG dedicada de forma exclusiva al tema, abandonó el país por amenazas. Por las personas que tienen que dejar el país y los desaparecidos el mandato ciudadano decidió incluir dentro de sus puntos el no rotundo a la desaparición forzada de personas. Ayer, Aleck Smith, uno de los promotores de la paz en Zimbabwe y quien expresó su apoyo al Mandato Ciudadano dijo que en caso de que la sociedad civil se pronuncie en favor de la paz el próximo 26 de octubre, al gobernante actual y a los venideros no les quedará otra opción que hacer lo que el pueblo les demanda , que es buscar una solución negociada al conflicto.