Urgen Bloque de Búsqueda para los desaparecidos

Por El Tiempo. A Jesús Correa, un militante de la Unión Patriótica, lo vieron por última vez la mañana del 5 de noviembre del 2002.  Salía de su casa en la urbanización Plaza Colón, en Medellín, cuando varios hombres que descendieron de dos vehículos le cayeron encima a golpes y se lo llevaron sin dejar rastro. Correa es una de las 271 personas que cada mes, en promedio, registran como desaparecidas en la Fiscalía General de la Nación en todo el país.

Es decir, una cada dos horas y media. Lo que significa un aumento de 3 por ciento con respecto al 2001. Ese incremento prendió las alarmas del Estado e hizo que la Defensoría del Pueblo emitiera por primera vez una resolución sobre el tema de la desaparición forzada. Son dos las grandes preocupaciones que se desprenden del documento. Una, el ya mencionado aumento del delito, y la otra, la impunidad.

Hay preocupación, incluso en la misma Vicepresidencia, porque el delito se ha agravado. Mientras otras violaciones a los derechos humanos han disminuido, la desaparición forzada de personas está aumentando , explica Olga Lucía Gaitán, directora nacional recursos y acciones judiciales de la Defensoría. Cabe advertir que no todos los casos son delito, pues en el conteo figuran los abuelos que salen a pasear y olvidan el camino de regreso, los esposos y esposas que abandonan a su pareja, los novios que se vuelan y los hijos que huyen de la rigidez de sus padres, entre otros.

Sin embargo, la Procuraduría recibió en el 2001, 117 quejas por desaparición, 8 más que en el 2000, lo que indica un aumento leve en la responsabilidad imputable a los agentes del Estado. Esta tendencia al alza permanece estable en el año 2002 y en lo que va corrido del 2003. Además, en la resolución recién divulgada por la Defensoría consta que desde la entrada en vigencia de la ley que tipifica el delito de desaparición forzada (589 de junio del 2000), la Fiscalía General ha abierto 792 investigaciones.

Y es ahí donde viene la segunda preocupación, la de la impunidad. En el documento se muestra como la mayoría de los casos se hallan en etapa preliminar y son muy escasas las resoluciones de acusación. Ante esta situación, señala la Defensoría, los familiares han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a denunciar casos de desapariciones. Por lo menos en dos casos, ese tribunal ha señalado al Estado Colombiano culpable.

Con esos argumentos, el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, hace un llamado urgente al Congreso para que a partir del próximo 20 de julio apruebe la ley estatutaria que dé recursos y reglamente el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Así mismo, le pide a la Fiscalía que estudie la posibilidad de crear una unidad especializada para investigar los casos de desaparición forzada y fortalezca el programa de protección a víctimas y testigos.

El presidente Alvaro Uribe, en una reunión reciente con organismos defensores de derechos humanos se comprometió a sacar adelante el tema del Mecanismo de Búsqueda.

Este, creado por la ley del 2000, no tiene precedentes en la legislación de otros países. La ley dice que cuando desaparece una persona se puede activar el mecanismo. Se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial, por parte de terceros, sin necesidad de mandato alguno, que disponga de inmediato una búsqueda urgente , indica. Sin embargo hoy, tres años después, aún está en proceso de creación.

Otro de los problemas que plantea la resolución del Defensor es que a la hora de analizar el fenómeno se dificulta por la dispersión de cifras. Por ejemplo, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asfaddes, dice que en el año 2001, las desapariciones forzadas aumentaron en un 103 por ciento con respecto al 2000, al pasar de 664 a 1.347 casos. Y que asimismo, para el 2002, sin que aún se encuentren consolidadas las cifras, se presentó un promedio de 90 casos por mes, lo que significaría una leve disminución respecto de las cifras del 2001.

Por esa razón, Cifuentes también le pide al Gobierno agilizar el diseño y puesta en marcha del registro nacional de desaparecidos, en el cual se incluyan todos los datos de identificación de las personas desaparecidas y de inhumación y exhumación de cadáveres de personas no identificadas.

Personero pide más atención al tema MEDELLIN

Así los homicidios en Medellín hayan disminuido en un 39 por ciento durante el primer semestre del año, las autoridades deben prestarles más atención a otros delitos, que por ser de menor impacto no son menos importantes. El llamado es del personero municipal, Jorge Rojas Otálvaro, quien aseguró que en esta ciudad, que supuestamente está bajo el control de la Fuerza Pública, son muy preocupantes las cifras de desapariciones forzadas . El reclamo fue hecho un día después de que el alcalde Luis Pérez anunció que entre enero y junio de este año se cometieron 1.124 homicidios, 712 menos que en el mismo período del año pasado.

Según el Personero, en ese lapso se denunció la desaparición de 71 personas, de las cuales apenas 26 han vuelto a sus hogares, mientras que tres aparecieron muertas. El paradero de las otras 42 sigue siendo incierto. En los 12 meses del año pasado se presentaron 133 casos. Para Rojas, la desaparición es una muestra de la crueldad con que se desarrolla el conflicto armado en la ciudad. Como muestra de esto, la División de Quejas de la Defensoría del Pueblo registró la desaparición de 14 personas en la Comuna 13, donde la Fuerza Pública desarrolla la operación Orión desde octubre pasado.

Según la institución, los vecinos señalaron que cinco de ellos fueron retenidos por el Gaula y el CTI, sin que después se haya conocido su paradero, mientras que al resto se lo llevaron los paras . – Cali: un desaparecido cada dos días CALI El tema de las desapariciones forzadas en Cali es una de las tareas más apremiantes para los investigadores. En los primeros cinco meses del año, a la Fiscalía Especializada de esta seccional llegaron 116 denuncias de diez municipios del suroriente de Valle. De ellos, 78 corresponden a la capital del departamento. Hasta el momento, ninguna ha sido resuelta.

Los investigadores consideran que se trata de hechos misteriosos, que no se pueden clasificar desde un comienzo como desapariciones forzadas. En 59 de los 116 casos, la Fiscalía se abstuvo de abrir investigación, pues no había indicios suficientes para vincular a algún sospecho a los procesos. En el 2002, las denuncias provenientes de Cali, Palmira, Pradera, El Cerrito, Yumbo, Vijes, Jamundí, Candelaria, Dagua y La Cumbre sumaron 293, de las cuales 122 no prosperaron como procesos de desaparición forzada.

En ese mismo lapso, los casos generados en Cali fueron 51. Seis de ellos fueron archivados.

Claudia Rubio / EL TIEMPO

Link: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1021071

Otra fuente: https://www.rebelion.org/hemeroteca/plancolombia/omar261102.htm