Informe de Actividades
Informe de actividades 2017
1. Contexto del proyecto
Todavía en el año 2014, decíamos: “En Colombia, por su dimensión estimada de 30.000 víctimas directas según el Registro Único de Víctimas (RUV), 25% mujeres y l7% menores de 18 años de edad, la desaparición forzada bajo el conflicto armado es una atrocidad masiva, conexa en muchos casos con crímenes como la detención arbitraria, tortura, la violencia sexual, el reclutamiento forzado de menores, la ejecución sumaria y el desplazamiento forzado.”
En los años sucesivos, el país aprendió que la problemática aún es más grave. A mayo de 2017 habían sido reportadas 60.800 víctimas de desaparición forzada por los registros oficiales. (CNMH), y 120.000 desapariciones en general, el número más alto conocido y que significaría la afectación de casi un millón de ciudadanos considerados los impactos familiares (10 familiares por víctima) y de los núcleos sociales de las víctimas, un 20% niñas y mujeres (25.000) y un 20% jóvenes.
También diagnosticamos que “Un principal problema estructural es la persistencia del crimen y la ausencia de diagnósticos sobre su realidad y sus múltiples impactos en la población civil y en el Estado de Derecho. Los efectos de las desapariciones forzadas recaen en miles de familiares de desaparecidos –en su mayoría mujeres-, a quienes afecta desproporcionadamente y quienes encuentran grandes dificultades para enfrentar el aparato de justicia donde se ha arraigado una gran impunidad, y no se aplican las leyes para buscar, identificar y recuperar a su ser querido y acceder a sus derechos a la verdad y a la justicia y la reparación.”
Efectivamente, al día de hoy persiste la violencia: en 2017 sucedieron paralelamente al Acuerdo de Paz numerosos asesinatos de defensores de derechos humanos y desapariciones forzadas particularmente en las regiones, incluidas personas desmovilizadas de las FARC. Las organizaciones de víctimas continuaron siendo objeto de hostigamientos y amenazas, entre ellas la Fundación Nydia Erika Bautista.
Nuevas desapariciones forzadas ocurrieron incluida Bogotá, como por ejemplo, la de tres jóvenes de familias humildes en el Barrio San Cristóbal Norte, Juan Esteban Moreno Pachón de 14 años de edad, Brayan Andrés Montaña de 17 años de edad y Henry Mauricio Castillo Soche de 16 años de edad. Así, Por la negligencia de las autoridades la investigación perdió elementos probatorios clave como un video que en los medios[1], mostró la camioneta ya en manos de los victimarios varada cuando una patrulla policial la sacó del tráfico para no interrumpirlo, pero sin pedir a los ocupantes papeles cuando para ese momento las desapariciones eran ya públicas.
También se acrecentó la violencia contra la mujer: De 2010 a 2015, 876.000 mujeres sufrieron violencia sexual, 145.906 mujeres al año, 16 mujeres cada hora, en 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo o Bacrim[2]. 78% no denunciaron.
En la fase final de los Diálogos de Paz, la Fundación estuvo en la posición privilegiada de participar e incidir en la Mesa y en el contenido del Acuerdo, referente a las víctimas de desaparición forzada. Los logros de las negociaciones de paz, trascendentales, se dan en medio de problemas importantes como el aumento de grupos paramilitares o Bacrim en los territorios que han dejado las FARC, el crecimiento de la violencia contra las niñas y mujeres, una escala muy preocupante de ataques contra defensores/as de derechos humanos[3] y el descrédito e indiferencia del proceso de paz en importantes sectores de la sociedad, especialmente en las regiones, así como un discurso polarizante de sectores abiertamente opuestos a la negociación. Mientras por una parte la guerrilla de las FARC se concentró en zonas veredales y está en el proceso de dejación de armas, en el parlamento ya aprobó la reglamentación de los principales mecanismos de justicia transicional, el tema agrario, de amnistías e indultos, de participación política, la reforma de la Ley de Víctimas que incorpora víctimas excluidas y están en revisión de la Corte Constitucional las leyes y decretos que dan vida al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición: La Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.
En Abril el presidente Santos firmó el Decreto 589/17 que creó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta norma no confiere autonomía a la Unidad y la deja bajo el Sector Justicia, el decreto tampoco creó oficinas de trabajo en terreno en los territorios donde ocurrieron las desapariciones forzadas y otras y a última hora se incluyó un artículo que delega a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas los casos de desapariciones no ocurridas bajo el conflicto armado, dividiendo el universo de víctimas y dejando un sector de ellas en estado de total indefensión.
En cuanto a la JEP, a la fecha (septiembre de 2017), la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) suscribió 4.319 actas para otorgar beneficios a 1.502 militares en su mayoría autores de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias denominadas “falsos positivos” y 2.817 actas con guerrilleros que otorgaron libertad condicionada, traslados y amnistías Iure. En el debate parlamentario de la Ley Estatutaria que crea la JEP restringió facultades para víctimas de Estado en las fases de investigación y juzgamiento ya no se pueden presentar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, ni citar a autores, rechazada bajo argumentos de existencia de carteles de falsos testigos. Se eliminó investigar la participación de terceros en la financiación de grupos paramilitares, solo quedó válida para civiles a quienes se compruebe la relación directa entre su financiación y el crimen concreto.
En la JEP se debilitó la responsabilidad de mando en contravía del Art. 28 Estatuto de Roma, creando requisitos sólo para soldados –actores materiales – para ser juzgados, pero no para civiles y altos mandos, con riesgos de impunidad por crímenes perpetrados bajo sus órdenes.
La implementación de los mecanismos de justicia transicional planteará a corto y mediano plazo enormes desafíos al Estado, a las víctimas y a la sociedad para la construcción de la paz en clave de derechos humanos y de participación política. Así como escenarios decisivos de incidencia, de pedagogía para el empoderamiento, documentación, presentación de casos a la CV, la UBPD y la JEP a través del apoyo jurídico, y un trabajo de memoria histórica con víctimas y comunidades. Máxime, cuando el país está en la antesala, de elecciones presidenciales que definirán si transitamos en forma coherente hacia la paz, o si se profundizan los riesgos de regresión, según si el voto se inclina en el 2018 por sectores a favor o en contra de las negociaciones logradas.
2. Grupos beneficiarios
Los principales grupos de beneficiarios fueron 350 familiares de víctimas de desaparición forzada –más de 80% encabezadas por mujeres. El 30% de las víctimas es población afrodescendiente y el 70% mestiza, en su mayoría muy pobre rural y urbana. Estos beneficiarios provienen de 6 regiones del país: Valle del Cauca (65 familiares de víctimas afrodescendientes), Cauca (35 familiares de población civil), Meta (10 familiares) y Casanare (25 familias de niños y jóvenes mestizos trabajadores informales), Putumayo (85 familias) incluyendo indígenas kichwas del Resguardo Indígena San Marcelino (50), familiares de mujeres, de afrodescendientes y población civil) de Bogotá y Cundinamarca (50 familiares de niños y jóvenes de barrios pobres víctimas de reclutamiento forzado y posterior desaparición forzada).
También se beneficarios del trabajo de la Fundación, entidades públicas: Mesa de Diálogos de Paz, Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Justicia, Unidad de Atención y Reparación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior, Senado y Cámara de Representantes y Centro Nacional de Memoria Histórica, Defensoría del Pueblo en regiones, Alcaldía Mayor de Bogotá – Alta Consejería para las Víctimas, OACNUDH Bogotá y regiones, Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, 6 embajadas y agencias de cooperación, y recientemente la UBPD y la JEP.
3. Actividades realizadas y resultados
Empoderamiento:
- De agosto 2014-julio 2017, 480 familiares de desaparecidos en su mayoría mujeres fueron capacitadas – (350 mujeres y 130 hombres). En derechos de las víctimas de desaparición forzada, Ley de víctimas y mecanismos de justicia transicional en particular los Acuerdos de Paz punto 5 Víctimas: la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial de Paz JEP) e incidencia.
- Más de 500 personas 80% víctimas de desaparición forzada, de 90 organizaciones de 24 departamentos del país participaron en la preparación de insumos y propuestas de recomendaciones para la Mesa de Diálogos de Paz. (2016-3 Encuentros regionales).
- 25 lideresas y líderes (6 de Putumayo, 5 de Casanare, 7 de Valle del Cauca y Cauca, 7 de Bogotá, epresentaron a los familiares de desaparecidos de las regiones mencionadas en 5 espacios interinstitucionales.
Apoyo Jurídico
- De 2014 a 2017, fueron apoyadas jurídicamente 220 víctimas, registrando acciones en la investigación penal y en términos de verdad, justicia y/o reparación.
- Gracias al apoyo, 202 casos cuentan con un expediente judicial o administrativo sobre los procesos penales y de reparación bajo la Ley de Víctimas.
- Litigio estratégico: en 26 casos – entre ellos un caso colectivo con 213 víctimas – , se evidenció y se presentó a las altas Cortes la discriminación para el acceso a la justicia, mecanismos institucionales de impunidad y ausencia de búsqueda del paradero de las víctimas.
- En síntesis: Las familias de víctimas de desaparición forzada han fortalecido acciones de exigibilidad con enfoque diferencial bajo la Ley de Víctimas y normas de justicia transicional.
- El litigio estratégico ha logrado que altas Cortes de Colombia e internacionales se pronuncien sobre casos emblemáticos de desapariciones forzadas.
Memoria histórica
- 379 desapariciones forzadas han sido documentadas con enfoque diferencial y visibilizadas a través de 5 investigaciones interdisciplinarias y regionales y entregadas a la Comisión de la Verdad. La acción de las víctimas como sujetos sociales del proceso de paz ha sido visibilizada ante Estado y opinión pública
- De enero a julio de 2017, se documentaron 74 nuevos casos de desaparición forzada, principalmente de los municipios de Recetor y Chámeza en Casanare, desapariciones individuales y colectivas, ocurridas en zona rural por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (80% víctimas hombres, 20% mujeres).
- Las investigaciones visibilizaron problemas estructurales y la acción de las víctimas como sujetas sociales en el diagnóstico del estado de sus derechos, de la caracterización de las violaciones de derechos humanos sufridas y de propuestas para la construcción de la paz.
Incidencia:
- Desde 2015, la propuesta de la FNEB para la búsqueda de los desaparecidos fue incorporada como herramienta al debate en las discusiones de la Mesa de Diálogos de Paz. En octubre de 2017 la Mesa de Diálogos adoptó el Acuerdo Humanitario para la búsqueda de los desaparecidos que contempla un Mecanismo como lo planteó la FNEB, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Se avanzó en la difusión por los medios de comunicación del rol de las mujeres víctimas y de nuestras propuestas al país en la coyuntura histórica sobre los y las desaparecidas.
- Los avances evidenciaron el trabajo de plataforma colectiva sobre desaparición forzada para la reivindicación de los derechos de las víctimas.
En conclusión: Se ha incidido en la Agenda de Diálogos de Paz, con propuestas cualificadas de política pública, la conformación de la Comisión de la Verdad y la creación de Mecanismos de Verificación para el esclarecimiento y la búsqueda de los desaparecidos en el posconflicto.
Notas
[1] Ver: http://noticias.caracoltv.com/bogota/donde-estan-van-17-dias-tras-la-desaparicion-de-tres-menores-en-usaquen Recuperado el 12 de junio de 2017.
[2] «Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado 2010-2015»,
[3] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, “Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios6; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual.”
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