Cada día se dan por desaparecidos siete menores de edad

Con el fin del conflicto armado en Colombia empieza a descubrirse la realidad de un fenómeno que por años ha causado dolor e incertidumbre en miles de familias: la desaparición de niños y adolescentes, la población más afectada por este flagelo.

Aunque la tendencia creciente de las cifras de desaparecidos empezó a quebrarse desde el 2016, precisamente el año en que el Gobierno y las Farc –la guerrilla más antigua y beligerante en el país– firmaron el acuerdo de paz, en esta población el fenómeno se mantiene similar frente a años anteriores.

Entre enero del 2014 y mayo del 2017, se perdió el rastro de 24.378 personas entre niños, jóvenes y adultos, de acuerdo con el documento Forensis 2016 del Instituto de Medicina Legal.

Pero el año pasado, por primera vez, los reportes de desaparecidos cayeron, al pasar de 7.419 casos en el 2015 a 6.855 en el 2016, y hasta mayo pasado –según el Observatorio de la entidad– se contabilizaban 2.719, para un promedio de 18 por día.

De ese total, finalmente, 200 aparecieron muertos y 949, vivos, pero aún queda la incertidumbre sobre 1.570.

No obstante, este fenómeno en los niños y adolescentes entre 10 y 17 años no cede y es “altamente preocupante”, según las autoridades y ONG que trabajan con menores de edad. Los registros de Medicina Legal indican que por cada 10 desaparecidos al menos cuatro son menores de 18 años.

En los últimos tres años, 9.548 niños y adolescentes fueron declarados desaparecidos. En el 2016 la cifra fue de 2.788 (de los cuales aparecieron 1.329 y no se sabe nada de 1.459) y a mayo de este año ya se registran 1.041 casos (casi 7 por día) en los que se desconoce el paradero de esos jóvenes.

Este flagelo preocupa porque siempre se pensó que la desaparición de niños y adolescentes estaba ligada al conflicto armado, principalmente al reclutamiento y desplazamiento forzado. Por eso, según las fuentes oficiales consultadas, en el país no se tenían cifras exactas sobre la desaparición de menores y estas se estimaban sobre la base de los casos que se iban conociendo.

Carlos Valdés, director de Medicina Legal, explica que durante muchos años la desaparición de menores de edad estuvo ligada, especialmente, al conflicto interno, y que hoy, ya sin el principal actor de la guerra, no se puede hablar de que guarda relación.

Por su parte, Raquel Vergara, funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), considera que en el tema de desaparición de adolescentes “no todos los casos son iguales” y advierte que esta es una población “sumamente vulnerable”, por el proceso de formación, por los riesgos a los que se ve expuesta y por sus ritmos de vida.

La adolescencia, explica, es una etapa en la que el menor está en la búsqueda de independencia y de autonomía, y cuestiona los valores familiares; por eso, la experta considera que la familia debe estar preparada para asumir esos cambios de manera positiva y con afecto.

Pero, entonces, ¿cuáles son las causas de este fenómeno que en Colombia afecta más a niños entre los 10 y 17 años? De acuerdo con Valdés, la desaparición de menores de edad es producto de varias causas, que siempre han estado presentes, pero que con el conflicto habían pasado inadvertidas.

Entre las causas estarían, entonces, el maltrato intrafamiliar, en primer lugar.
“Hace 10 años, la violencia intrafamiliar estaba en el quinto lugar, y hoy, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, esta causa está en el tercer lugar, después del hurto en todas sus modalidades y las lesiones”, dice el especialista en antropología forense.

La desaparición de menores además es alimentada por el trabajo infantil, la violencia sexual, la conformación de parejas a temprana edad y los embarazos desde los 10 y 11 años, los cuales vienen en aumento. Por ejemplo, los casos de violencia sexual en niños y niñas han aumentado un 1,2 por ciento respecto a los últimos tres años, según Medicina Legal.

Es igualmente preocupante que la desaparición de niños y adolescentes sea mayor en las grandes ciudades, particularmente en Bogotá, lo cual lleva a replantear la creencia de que quienes estaban en mayor riesgo de sufrir ese tipo de violencia eran los menores de las zonas rurales.

En las grandes urbes, este fenómeno puede tener los focos en los cinturones de pobreza, donde existe hacinamiento, escasez de recursos económicos y sus habitantes no gozan de oportunidades.

Pero tal vez lo más grave, de acuerdo con Valdés, es que el niño desaparecido no va a sobrevivir si no actúa con violencia, y es en ese momento cuando aparece el riesgo de que ese menor se vuelva un delincuente. “Si no aparece muerto, se convierte en delincuente, porque entra al mundo de la supervivencia, y la única forma de sobrevivir del niño es ser violento”, asegura el director de Medicina Legal.

‘Hay otros actores activos’: víctimas

Para Yanette Burgos, presidenta de la Fundación Erika Bautista, que apoya a las familias de víctimas de desaparición, si bien las guerrillas se están desarmando, han seguido activos otros actores como las bandas criminales y las redes de narcotráfico.

“Hay que mirar las experiencias vividas por otros países después del conflicto, como Guatemala y El Salvador, para ver en ese espejo a Colombia. La impunidad que quedó con el conflicto armado es el caldo de cultivo en el cual se cometen estas nuevas desapariciones”, asegura.

Y en muchos casos, afirma, esas desapariciones se dan con la negligencia de las autoridades, que no actúan con contundencia. Cita como ejemplo las recientes desapariciones de jóvenes en San Cristóbal Norte, y las de cinco niñas en Suba, ocurridas en los 90. Ambos casos sucedieron en Bogotá.

Padre pide que lo ayuden a buscar a su hijo

En la mañana del 22 de febrero, Bryan Montaña, de 17 años, salió de su casa hacia un supermercado del barrio San Cristóbal Norte, en Bogotá. Iba a repartir mercados a domicilio en un campero Toyota Land Cruiser vinotinto de placas EPA 947, junto con otros dos jóvenes, de 14 y 16 años. Pero no volvió, y tampoco sus amigos.

Ya pasaron seis meses y su padre, Germán Montaña, no tiene ninguna pista sobre el paradero de Bryan, a pesar de que ha revisado las cámaras de video de las calles por donde transitó ese día el vehículo, que fue hallado varado 10 días después, en la calle 8 sur con carrera 29, con placas falsas.

Pero, además, ni la Policía ni la Fiscalía le dan razón alguna. “Solo dicen que la investigación va por buen camino”, asegura el papá del joven desaparecido.

Montaña se queja de que en los primeros días se perdió tiempo valioso, porque en la Policía le recibieron el caso después de 72 horas y luego se demoraron para reportar el vehículo y para pedir los videos de las cámaras por donde se supone pasó el automotor.

Cuando lo hicieron, dice, ya era tarde. Esas imágenes se habían borrado. “No creían que se hubiesen desaparecido, sino que se fueron voluntariamente. Entonces, nos tocó investigar por nuestra cuenta”, recuerda.

Por eso, asegura, de 16 cámaras por donde se supone pasó el vehículo, solo hay un video en el que se ve varado y a dos policías motorizados que pasaban y ayudaron a que lo estacionaran. “Lo peor es que aunque lo empujaron, manipularon el motor y dejaron las llaves, tampoco se encontraron huellas”, dice el desesperado padre, quien no entiende cómo el proceso ya ha pasado por manos de cuatro fiscales y que no pierde la esperanza de saber qué ocurrió con Bryan y los otros dos jóvenes.

‘La paz visibilizó hechos que eran invisibles’

Omaira Orduz, directora de innovación y conocimiento de la Fundación Plan en Colombia, asegura que la firma de la paz y la reducción de las cifras del conflicto armado han visibilizado otras violaciones de derechos humanos que de tiempo atrás eran invisibles y que son intolerables e inaceptables, como lo es la desaparición de los niños, niñas y adolescentes, un fenómeno que sigue arrojando cifras consideradas “preocupantes”.

Esta población, precisamente, según la experta, fue la más afectada por el conflicto armado y explica que de los 8’100.000 víctimas registradas en la Unidad de Atención Integral a las Víctimas, el 40 por ciento son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Orduz considera que fueron tantas las afectaciones sufridas por hechos victimizantes, en el marco de una guerra de más de 50 años, que los menores de edad de las zonas más golpeadas quedaron “en condiciones de alta vulnerabilidad y más susceptibles a ser utilizados y manipulados por organizaciones delincuenciales”, en actividades como la minería ilegal, la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Es por eso que la experta en niñez llama la atención de las familias, de la sociedad colombiana y del Estado sobre la necesidad de “una acción contundente” para garantizarles atención psicosocial a los menores de edad que de alguna manera se vieron afectados por el conflicto, y atacar el fenómeno de la desaparición y no renunciar a la búsqueda de los niños que han sido víctimas de este atroz delito.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Redacción EL TIEMPO
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