La inteligencia de un sargento viceprimero del Ejército

La privación de la libertad del general (r) Iván Ramírez Quintero, ordenada esta semana por la Fiscalía, en desarrollo de la investigación por las desapariciones en la recuperación militar del Palacio de Justicia, constituye una trascendental decisión judicial que, más allá del examen de este doloroso capítulo de la historia nacional, enfoca la atención del país hacia un ex militar que, como pocos, suscita el respaldo de los  acérrimos defensores de su gestión y el rechazo de sus  enconados críticos.

Se trata del más representativo oficial en el área de inteligencia de los últimos 30 años. Un especialista del tema que, desde sus tiempos de capitán en 1976, a pesar de ser graduado en ingeniería, ya desplegaba éxitos en inteligencia en el Valle y Meta.

Dos años después ya oficiaba como Jefe de Operaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), en 1980 fue comandante del Batallón Charry Solano y prácticamente hasta su retiro en 2000, pasando por la Dirección Nacional de Inteligencia, ésa fue su razón de ser militar.

En contraste, desde esa misma época, con el agravamiento del conflicto Estado-insurgencia, ha sido también el principal destinatario de las denuncias de las Organizaciones de Derechos Humanos. En tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, lo acusaron de formar parte de una estructura armada ilegal denominada ‘Alianza Anticomunista Americana’ o ‘Triple A’, involucrada en casos de desapariciones y torturas. Las denuncias nunca prosperaron. En los años 80, lo señalaron de propiciar ejecuciones contra líderes de izquierda. Tampoco pasó nada.

Sin embargo, el 22 de enero de 1991, cuando el general Ramírez, en su condición de comandante de la XI Brigada en Montería, aún cobraba los positivos de la ofensiva que diezmó al Epl y se perfilaba hacia la Dirección Nacional de Inteligencia; un sargento viceprimero adscrito a la XX Brigada de Inteligencia, quien había estado a sus servicios años antes, acudió voluntariamente a la Procuraduría General de la Nación y empezaron sus problemas.

En dos declaraciones dijo tantas cosas, que aún no cesan los ecos de esta súbita confesión urgida por las amenazas.

En pocas palabras, el suboficial declaró que desde 1978 perteneció al Batallón Charry Solano y que después de participar en varias operaciones de infiltración al M-19 y las Farc, le encomendaron la misión de conseguir una finca para mantener a dos personas que iban a ser detenidas.

Según él, uno de los capturados logró huir, se presentó a las autoridades de Soacha, y él terminó acusado de secuestro. Supuestamente, abandonado por sus superiores y objeto de amenazas, decidió acudir a la justicia para reconocer casos de desaparición forzada perpetrados por oficiales y suboficiales del inteligencia del Ejército.

En particular, el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón aseguró que en abril de 1989, personal de la Brigada XX del Ejército y el Batallón Charry Solano habían participado en el secuestro y desaparición de Amparo Tordecillas, compañera sentimental de un comandante del Epl.

De igual manera, sostuvo que en agosto de 1987 se había efectuado una operación semejante con la activista política del M-19 Nydia Erika Bautista, y que, por la misma época, entre otros casos, se repitió el procedimiento para el secuestro y tentativa de homicidio de Guillermo Marín y el plagio de José Cuesta, ambos dirigentes del M-19.

Aunque en ese momento los mayores dolores de cabeza recayeron en el comandante de la Brigada XX de Inteligencia para la época de los hechos, coronel Álvaro Velandia Hurtado, también los señalamientos alcanzaron al entonces coronel Iván Ramírez Quintero. Con una singularidad en el último caso.

Entre las acusaciones de Bernardo Garzón Garzón, el suboficial sostuvo que durante la operación militar de recuperación del Palacio, miembros de inteligencia del Ejército habían retenido a la guerrillera Irma Franco en una camioneta y que, luego de sacarle información había sido asesinada y su cuerpo, arrojado en una vía.

No obstante, para la época, el tema del Palacio de Justicia era prácticamente un expediente judicial de cosa juzgada. Los guerrilleros del M-19 habían sido indultados, el presidente Belisario Betancur, absuelto; la justicia sin rostro había fracasado en su intento de revivir el caso; sólo dos oficiales del Ejército aún afrontaban dificultades disciplinarias en la Procuraduría; y la única señal de justicia en el episodio la representaban las demandas contra el Estado por parte de los familiares de las víctimas. En cambio, frente a las otras confesiones del suboficial Garzón, las Organizaciones No Gubernamentales no daban tregua.

Dos casos específicos se abrieron paso en los tribunales nacionales e internacionales. El caso de la desaparición de Amparo Tordecillas, además de resolverse en contra del Estado en la justicia contenciosa, a través del abogado Eduardo Umaña Mendoza, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo admitió sin oposición del Estado. De

manera simultánea, el caso de la desaparición de Nydia Érika Bautista dio lugar a una larga discusión judicial, en la cual el general Álvaro Velandia alcanzó a estar destituido por la Procuraduría en 1995, pero el Consejo de Estado tumbó la medida en 2002.

Entretanto, el suboficial Garzón Garzón había pasado de la Procuraduría a la Justicia sin Rostro donde, inicialmente amparado por un código secreto y luego con su propia identidad, se ratificó en las acusaciones, agregando otros casos como la ejecución del negociador del Epl Óscar William Calvo en noviembre de 1984 y el asesinato del periodista Antonio Hernández Niño en abril de 1988.

En ambos episodios el suboficial comprometió al personal de inteligencia del Ejército. Sin embargo, súbitamente, el 20 de septiembre de 1996, ante un juzgado de instrucción penal militar, el testigo se retractó de todo lo que había confesado.

Garzón pidió disculpas a quienes había involucrado, dijo no conocer a ninguna de las víctimas y aseguró haber sido presionado por la Procuraduría para efectuar esas declaraciones.

En ese momento el asunto parecía resuelto, pero los líos para inteligencia militar empezaron por el lado menos esperado. Al concluir su controvertida misión en Colombia, el embajador de Estados Unidos Myles Frechette afirmó que la Brigada XX de Inteligencia estaba auspiciando la creación de escuadrones de la muerte. Su reporte fue incluido en el informe sobre Derechos Humanos, hecho público por el Departamento de Estado en 1997.

Entonces fue Troya. Al documento norteamericano se sumaron denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, pesaban las investigaciones que entonces adelantaba la Fiscalía contra varios miembros de la misma unidad militar por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

El miércoles 20 de mayo de 1998, sorpresivamente, los comandantes del momento anunciaron la desactivación de la Brigada XX de Inteligencia. Y para someterla a un proceso de modernización, se dispuso que iniciara un proceso de transformación al mando del coronel Pauselino Latorre Gamboa.

En esas vueltas, tras su paso por la comandancia de la I División del Ejército en Santa Marta, el general Iván Ramírez Quintero fue enviado como agregado de Defensa a la Embajada de Chile. En enero de 2000 se retiró de las Fuerzas Militares. Entonces se radicó en Quito (Ecuador), donde ofició como representante para ventas de servicios y licitaciones internacionales. En 2006 volvió al país y, por recomendación del presidente Álvaro Uribe, ingresó como asesor al DAS. Se retiró en mayo del mismo año, cuando la Fiscalía apenas emprendía averiguaciones tras la reapertura en marzo del expediente por el Palacio de Justicia.

Lo demás es historia reciente. La Fiscalía concentró su investigación en la conducta de los militares que tuvieron a su cargo el control de la Casa del Florero, a donde habían sido llevados los sobrevivientes del ataque al Palacio de Justicia y, poco a poco, fue ordenando la detención de varios oficiales y suboficiales.

Primero, el coronel (r) Edilberto Sánchez y cuatro integrantes del B-2. Después, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Luego, la Fiscalía quiso saber la actuación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), y escuchó en indagatoria al general (r) Iván Ramírez Quintero.

El pasado martes 27 de mayo, con una providencia de 108 folios, se ordenó su detención. La Fiscalía dijo que el comando de inteligencia a su cargo sí adelantó labores en la Casa del Florero y que existe pluralidad de indicios sobre la participación del general (r) Ramírez Quintero como presunto coautor de los delitos de secuestro agravado en concurso sucesivo o simultáneo con el delito de desaparición forzada agravada.

Para sorpresa de las Fuerzas Militares, las ONG de DH y del propio oficial, una de las pruebas clave fue la declaración que 17 años atrás había aportado el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón.

Ahora sólo hay un problema: nadie sabe dónde está el testigo para que ratifique las denuncias o la retractación. Unos dicen que está muerto. Otros manifiestan que se vinculó a un grupo armado ilegal. Las ONG de DH sostienen que está vivo y confían en que, así como sus confesiones resultaron eficaces para aclarar varios casos, aparezca para reafirmar que inteligencia militar fue responsable de 11 desapariciones en el Palacio de Justicia. Las Fuerzas Militares guardan la expectativa de que salga a decir que mintió para eludir su culpabilidad en un caso de secuestro. La Fiscalía dio la orden de ubicarlo donde sea.

El documento que estuvo extraviado durante 23 años

En un archivo del Tribunal Superior de Bogotá se encontró hace 20 días un documento que se decía extraviado. Se trata de parte de la transcripción de un casete que un grupo de agentes del B-2 supuestamente dejó en el baño de un restaurante para dar cuenta de lo sucedido con los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Según la transcripción, un número aproximado de 12 rescatados, que no supieron dar explicación de su presencia en el Palacio, fueron llevados a la Escuela de Caballería del Cantón Norte y la Brigada de Institutos Militares. Ellos se defendieron diciendo que eran “administradores, meseros y cocineros de la cafetería”. En los interrogatorios se les presionó para que aceptaran que parte de las armas y las municiones habían sido llevadas por ellos. Pero nunca lo hicieron y por eso se les dio el mismo trato que a guerrilleros capturados.

“La orden era sacarles lo que más se pudiera, por cualquier medio posible, pero era también no dejar uno solo vivo”, señala el documento suscrito por unos 30 efectivos del B-2 que se declararon en desacuerdo con la violación de Derechos Humanos. Presuntamente el reporte que detalla el destino que tuvieron los desaparecidos fue depositado en una caja fuerte en la Secretaría del Tribunal Especial de Instrucción Criminal, creada por el gobierno de Belisario Betancur.

La Fiscalía evalúa si debe considerarlo como una prueba válida.

La defensa del general (r) Ramírez

A través de sus abogados, el general (r) Iván Ramírez ha reconocido que el día de la toma del Palacio, en su calidad de comandante de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, envió personal a la Plaza de Bolívar y al Palacio de Nariño para que lo informaran de lo que sucedía.

Sin embargo, el oficial sostiene que no participó como ayuda, apoyo o agregado de la Brigada XIII o del B-2 del Ejército y que no existe una anotación que refiera que su personal estuvo incluido en esa operación militar. En su criterio, lo único que existe en su contra es la declaración de un sargento de nombre Bernardo Garzón, quien se retractó.

El comandante del Ejército, general Mario Montoya, al saber de la detención de Ramírez, manifestó: “Nos duele muchísimo. Es un general de muchos kilates que se la ha jugado por este país por muchos años”.