La otra ‘guerra’ de las Víctimas
La estrechez financiera del Gobierno vuelve a s El propio presidente Uribe pidió el pasado 20 de julio, durante la instalación del Congreso , “considerar las dificultades fiscales”.
En defensa del Estatuto Aunque los ponentes de la iniciativa aseguran que solo busca crear un marco jurídico único para la reparación en términos monetarios, de tierra y de memoria histórica, y que sus contenidos no suponen un impacto fiscal inmediato, el Ministerio de Hacienda inició su propio conteo para determinar lo que costaría ponerlo en marcha.
Esto -dijeron fuentes de la cartera-, dará no solo pautas sobre la distribución del gasto, sino que permitirá saber si se avala o no el proyecto.
No obstante, los ponentes aseguran que Gloria Inés Cortés, viceministra de Hacienda,ya le dio el aval ante la plenaria de Senado el 16 de junio.
La funcionaria desmintió el hecho y aseguró que lo que hizo fue enviar una carta con observaciones al contenido del articulado. Víctimas de agentes del Estado Pero el tema fiscal no es el único que genera polémica.
La redacción de apartes del proyecto en las que se reconoce que las violaciones también han sido realizadas por agentes del Estado, es criticada por el Gobierno, pues -asegura-, se daría a entender que es una práctica deliberada.
Para los impulsores del Estatuto, quitar esa referencia impediría reparar a víctimas de grupos distintos a la guerrilla y los ‘paras’, vulnerando el principio de igualdad.
En la actualidad, la reparación a víctimas de la acción u omisión de agentes estatales se da vía Consejo de Estado, previa sentencia judicial.
Al Gobierno le preocupa la responsabilidad política derivada de un eventual aumento en el número de personas que reclaman reparación por hechos de ese tipo, así como el costo fiscal, pues con el Estatuto se eliminaría el requisito de la sentencia judicial.
El Ejecutivo también está inquieto por la posibilidad de que lo dispuesto por el proyecto absorba lo contemplado en el decreto 1290 de este año, que regula la reparación por vía administrativa.
Los ponentes han aclarado que el decreto seguiría vigente pero, ya que la ley quedaría por encima, se sentarían barreras para evitar que, por ejemplo, se solicite doble reparación por un mismo hecho.
La concertación podría darse ante el eventual desbordamiento de las solicitudes de reparación.
El proyecto se convertiría en ley antes del 20 de diciembre, día en que finaliza la primera parte de la legislatura.
Para su trámite se daría una ‘negociación’ interpartidista que le permitiría ser estudiado incluso antes que el referendo reeleccionista o las reformas política y judicial.
REPARACIÓN EN CIFRAS Y CONCEPTOS
170.000 víctimas registradas podrían gozar de los beneficios del Estatuto.
El número ascendería a entre 2,5 y 3 millones de personas, si se toman en cuenta cifras sobre desplazamiento de entidades como Codhes y Acnur.
Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda aseguraron que el costo total de la reparación rondaría los 24 billones de pesos. La cifra no fue confirmada ni desmentida oficialmente.
A juicio de Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación, “es absurdo dictar una ley que no sea viable fiscalmente. Hay que ser responsables, lo demás es demagogia”.
De esa consideración se apartó Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. “El Gobierno asumió una estrategia de debilitamiento progresivo del proyecto buscando despojarlo de medidas serias en materia de reparación y justicia”, dijo.
Lo que plantean los ponentes
1. Las víctimas se reconocerían en virtud del principio de buena fe. Se exigiría solamente una prueba sumaria para ello.
2. Proponen mantener en el texto del proyecto una referencia a violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
3. El Estado debe reparar en función del principio de responsabilidad.
4. Consideran que no se puede dejar por fuera a quienes han sido víctimas de violaciones graves por parte de agentes del Estado.
5. Consideran que la ayuda humanitaria no puede descontarse de la reparación proyectada.
– Lo que plantea el Gobierno
1. El reconocimiento de las víctimas se daría en función del cumplimiento de requisitos desarrollados por la ley.
2. El Gobierno es partidario de eliminar la referencia al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
3. Considera que el Estado debe reparar en función de un principio de solidaridad.
4. Mantiene la definición de “víctima”, pero propone circunscribir a esa categoría sólo a quienes han sufrido ataques de guerrilla y paramilitares.
5. La ayuda humanitaria y la reparación seguirían dependiendo de las mismas variables a la luz del decreto 1290 del 2008.
Lo que dijeron algunos
" La reparación integral termina siendo, en últimas, la posibilidad que tenemos como legisladores de restituirles a las víctimas la confianza que perdieron en el Estado”. Gina Parody, senadora de ‘la U’.
» Por primera vez estamos legislando para las víctimas. Siempre lo habíamos hecho para los victimarios. Tendremos una verdadera política de Estado a su favor”. Guillermo Rivera, representante.
"La gente percibe que estamos haciendo una labor importante y significativa. Es por esto que ni el Gobierno ni el Congreso pueden ser inferiores al reto que el proyecto plantea”. David Luna, representante.